LA CREACIÓN DE UNA NUEVA DEUDA EXTERNA ARGENTINA

Marzo 2005

Debemos alertar sobre la constitución de una nueva deuda externa. Si la primera deuda externa se caracteriza en función de los servicios financieros, esta segunda deuda está basada en las condiciones contractuales contraídas con las empresas beneficiadas por la enajenación del patrimonio nacional, mal llamadas privatizadas.

Si las apetencias de los acreedores de la primera deuda deambulan por tribunales que no se animan a violar el principio soberano de los Estados y consiguientemente con la Doctrina Drago, y por ello, deben imaginar otros resquicios o esperar “errores” de los gobiernos que les permitan consolidar sus lucros. En esta nueva deuda, estas limitaciones soberanas son abandonadas, ya que los Estados son considerados como meros sujetos mercantiles, sometidos a las obligaciones de los particulares.

A través de los tratados comerciales, se han ido tejiendo en los últimos treinta años, una red legislativa de sometimiento , un verdadero derecho corporativo al servicio de las empresas trasnacionales.

Existen varios tribunales arbitrales internacionales, mencionemos como ejemplos: La Corte Permanente de Arbitraje, sede La Haya, creada en 1.899, donde uno de los litigantes es un Estado; La Corte Internacional de Arbitraje, que atiende litigios entre empresas; El Órgano de Solución de la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.); y el más conocido por nosotros, el CIADI ( Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones), integrante del Banco Mundial (B.M.), cuyo presidente es asimismo presidente del CIADI. Su función, oficialmente es, la solución de controversias entre gobiernos e inversionistas extranjeros, considerados nacionales de otro estado miembro del CIADI.

Una vez denunciada la pretensión del inversor e iniciado el arbitraje, no se puede desistir de él unilateralmente. Todas las partes contratantes de la Convención del CIADI están obligadas a reconocer y acatar los fallos del tribunal arbitral. Para decirlo en pocas palabras, es la renuncia a la facultad soberana de los estados de tomar decisiones de política nacional sin interferencias de los intereses trasnacionales.

Las cláusulas para “solución de controversias” permiten que las empresas trasnacionales interpongan denuncias millonarias contra países que les abrieron las puertas, si consideran que no han gozado de todos los privilegios que esperaban obtener; si los Estados no acatan las resoluciones quedan sujetos a sanciones económicas internacionales; se obliga de esta manera a los países a dirimir sus políticas nacionales en tribunales supranacionales, privados y secretos; con este mecanismo legal las empresas trasnacionales pueden trabar o impedir la aplicación de cualquier ley nacional que lesione sus intereses y si el Estado decide seguir adelante con su legislación, las empresas deben ser indemnizadas, por los efectos que las leyes nacionales pueden tener sobre las ganancias empresariales.

Además obliga a los países firmantes a adherirse a una larga lista de tratados internacionales, sin discusiones parlamentarias e información ciudadana; es el verdadero carácter transitivo de los tratados, así si el país A firma un tratado beneficioso con el país B, quien a su vez firmo otro con el C, las empresas del país C pueden llevar a los tribunales al país A si a su criterio los beneficios del tratado A-B violan la igualdad de oportunidades para con ellos, y sin necesidad de radicarse en el país A pueden solicitar ante estos tribunales, millonarias indemnizaciones.

En síntesis, bajo el concepto de “estabilidad jurídica” los países firmantes no pueden alterar normas para proteger a sus ciudadanos, sus recursos o su medio ambiente, si ello disminuye las ganancias de las trasnacionales.

En definitiva, estos son los otros tratados de rendición nacional.

Argentina aceptó en 1.991 al CIADI como el ámbito donde se dirimirían los problemas con los beneficiarios de las mal llamadas concesiones y privatizaciones y lo ratificó en 1.994. Actualmente en el CIADI se tramitan 38 juicios, donde ya ha tenido que exponer el Mtro. Rossatti, en nombre de la República Argentina, aunque el contenido de su exposición y todo el trámite es secreto. Algunos de los querellantes son: Compañía de Aguas del Aconquija S.A., Vivendi Universal, Nerón Corporation, Ponderosa Assets LP, Azurix Corp., CMS Gas Transmisión Company, LG&E Energy Corp., Siemens AG, AES Corporation, Camuzzi Internacional S.A., Pioneer Natural Resources Company, Pan American Energy LLC, BP Argentina Exploration Company, El Paso Energy Intenational Company, Aguas Provinciales de Santa Fé SA, Suez , Sociedad General de Aguas de Barcelona, Telefónica SA, Enersis SA, Electricidad Argentina SA, EDF International SA, Unisys Corporation, Total SA, BP America Production Company, CIT Group Inc., France Telecom. SA, Daimler – Chrysler Services AG, entre otros. Como se verá empresas trasnacionales que reportan a distintos conglomerados económicos y beneficiarios de los créditos de la Corporación Financiero Internacional ( CFI ), otro organismo dependiente del Banco Mundial ( B.M.), encargado en última instancia en dirimir las controversias planteadas.

El monto de indemnizaciones puede alcanzar los 20.000 millones de dólares, incluyendo costas, intereses y reparaciones. Como se verá estos montos nos son compensables con aumentos tarifarios, y éstos últimos serán consecuencia de las condiciones impuestas por el FMI y del G 8, pero no resolverán esta deuda.

En la lógica trasnacional, primero se “salvaron” los bancos, mediante el megacanje y vendiendo sus títulos a los bonistas y recomprándolos a menor valor para el canje 2.004 y el post canje que se “discutirá” por los 25.000 millones de dólares que quedaron fuera del mismo. Ahora es el turno de las beneficiarias por la enajenación patrimonial, la suba de tarifas es sólo la punta de un iceberg generado por esta red de compromisos asumidos a través de los tratados internacionales.

No es de extrañar que la “solución” llegue de la mano de un nuevo título canjeable por la titularidad territorial en nombre de la preservación del medio ambiente y evitar la acción de sociedades bárbaras incapaces de su cuidado, tal como lo señala un manual de 6 grado de las escuelas norteamericanas referidas al Amazonas.

Dr. NESTOR R. FORERO