La gran desindustrialización

                                            La Ley de Emergencia Económica es la N° 23.697 y fue sancionada el 01/09/89. Esta ley tuvo como objetivo final la destrucción de la industria nacional.
                                            Para tal fin, entre otras cosas, suspende los regímenes promocionales para la industria y la minería argentina (Capítulos IV y V),  se establece un nuevo régimen para las sociedades extranjeras protegidas con beneficios especiales (Capítulo VI) y se suprime el régimen de "Compre Nacional".
                                            Como si esto fuera poco, se le otorgan a las empresas expendedoras de combustibles poderes de legislación tributaria a través de los artículos 30 y 31. Y como broche de oro se dispone la apertura sin trabas de toda la importación por medio de su artículo 50.
                                            Ud. va a encontrar estos y más temas a continuación.

 

                                                                        Banco Central - Capítulo III. En este capítulo se facultó al Banco Central para crear un ente para atender la liquidación de los activos de las entidades financieras en procesos de: 1) liquidación, y 2) disolución. Es de observar que la estructura de banco central no es una medida de emergencia sino un evento basal para una estructura económica en la cual el Banco Central pasó a ser un organismo autónomo y con mayoría privada como la Reserva Federal de los Estados Unidos, o bien, nuestro Banco Central creado en 1935 por el Tratado Roca-Runciman en su protocolo adicional. Por lo tanto no se tomaron medidas circunstanciales de emergencia, sino que se tipificó una nueva estructura económica.

 

                                                                Artículo 7: Se suspenden los trámites de promociones industriales. Esta suspensión de las promociones industriales tuvo el fin evidente destruir la industria de capital argentino por cuanto el artículo 18 de la ley otorgó permiso de radicación a empresas extranjeras. Esta antinomia define de por sí el efecto buscado: supresión de capitales industriales argentinos y promoción de empresas sucursales de empresas multinacionales.

 

                                                                    Artículo 9 inc.3: el beneficiario de promoción industrial debió absorber la mano de obra relativa en función del tiempo. Esto está en colisión con la ley contrato de trabajo que autorizaba despedir sin causa pagando una indemnización o bien a despedir con causa por falta de actividades de la empresa pagando una indemnización, de esta manera la empresa que no produce tiene la obligación de seguir pagando remuneraciones al personal que ya no puede seguir trabajando y su descapitalización se acelera. El incumplimiento de esta exposición originaba la pérdida total del beneficio promocional.

 

                                        Suspensión del régimen de compre nacional: El régimen de compre nacional fue establecido por el Decreto Ley 5.340/63 y por la ley 18.875. Ambas normas fueron proyectadas por el economista Dr. Aldo Ferrer y consistían en lo siguiente: El estado nacional, las provincias y las municipalidades de todo el país, cuando tuvieren que adquirir elementos para cumplir sus servicios públicos o por equiparse, debían comprar los mismos a empresas nacionales quedándoles prohibida la importación, salvo que el producto que se le necesitaba no se fabricara en el país.

 

                                                    Artículos 30 y 31: Estos dos artículos conforman un escándalo: la percepción del impuesto a los combustibles (impuesto que constituye del 30 al 50% de los recursos fisco nacional) se recaudan bajo las condiciones que las empresas establezcan. Esto hace que las empresas expendedoras de combustibles tengan poderes de legislación tributaria. El decreto 632 del 27/08/74 nacionalizó las bocas de expendio de combustibles, todas las cuales deberían pertenecer a YPF empresa nacional. Esto se hizo porque el impuesto a los combustibles es un impuesto de percepción continua e inmediata que YPF tenía la obligación de depositar en el Banco de la Nación en el plazo de 48 horas. En cambio, la Shell, la Esso y demás empresas expendedoras de combustible tenían el privilegio de retener el impuesto a los combustibles durante 52 días y luego lo entregaban al fisco sin indexar y sin intereses. El diario "La Nación" en su edición de fecha 18/01/79, pág. 6, publicó un comunicado de la Cámara Argentina de Bocas de Expendio en la cual se señala que el impuesto a los combustibles es retenido por las empresas expendedoras (antes 1974 durante 52 días y después de 1976 al derogarse el Decreto 632/74 durante 45 días) conformaban un torrente monetario permanente de 200 millones de dólares. La República Argentina resulta así un país en el cual las empresas privadas manejan con discrecionalidad los caudales públicos que emergen del impuesto a los combustibles.

 

                                                Artículo18: El régimen de privilegios en la empresa de capital extranjero ha llegado al extremo de no exigir a ellas que acrediten dos requisitos que exigía la ley de sociedades y todas las legislaciones extranjeras:
                                                a) Que la empresa extranjera acreditase que se había constituido conforme las leyes vigentes y del país del cual provenía.
                                                b) Que la empresa extranjera acreditase que había sido autorizada a funcionar por autoridad competente en su país de origen.

 

                                    Articulo l6: No hay reinversión. Es de recordar que la ley 14.222 del año 1954 imponía la reinversión de utilidades en el país a las empresas extranjeras por lo menos durante la primera década de radicación. Las empresas extranjeras deben ser un medio de capitalizar al país y no una bomba de succión del trabajo de los argentinos y del valor de las materias primas argentinas.

 

                        Artículo 50: Se dispone la apertura sin trabas de toda la importación.

 

Texto original de la ley