Antes de entrar en el desarrollo de este tema, es dable hacer una breve referencia de quién es Arturo Enrique Sampay:

Fue el autor de “La Teoría del Estado”. En la Argentina existen dos teorías del estado, una escrita por Sampay y la otra escrita por Ernesto Palacio junto con su hermano Lino Palacio (autor de Don Fulgencio). Ernesto Palacio escribió además “Breve historia de los argentinos”.

Sampay también fue autor de la Reforma del Estado de 1949. Fue convencional constituyente en 1949 y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de La Plata y de Buenos Aires. Fue fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires (es decir que tenía a su cargo la defensa del Estado Provincial).

Estos son lo principales temas abordados tan claramente por el prodigioso constitucional:

 

1.        La función social de la propiedad privada y la justicia social

2.        Fundamentación de la propiedad privada

3.        Doble función de la propiedad privada

4.        Los principios de la reforma agraria

5.        Definición de justicia social

6.        Prohibición de actividad económica usuraria

7.        La legitimidad moral de la usura y el espíritu del capitalismo

8.        Prohibición constitucional de abuso de derechos

9.        Derecho Público Económico

10.     La nacionalización de las fuentes de energía

11.     La nacionalización del petróleo argentino y el sacrificio de una generación

12.     El régimen de los Servicios Públicos

13.     El procedimiento para recuperar los servicios públicos

14.     El precio de origen de la expropiación de los servicios públicos

 

 

La Reforma Constitucional de 1949

 

La reforma constitucional asigna al Estado la directiva de una política social, de una política familiar, y también de una política económica, que podríamos bifurcar en estos campos: La actividad económica privada y la actividad económica del Estado, con su condigno plan de nacionalización del Banco Central, de los Servicios Públicos y de las fuentes naturales de energía, y con la autorización para desarrollar actividades industriales cuando comporten monopolios de hecho, y estatizar sectores del comercio externo del país en la  medida que lo dispongan las leyes.

Señor presidente: al promediar el siglo XX, y frente al capitalismo moderno, ya no se plantea la disyuntiva entre economía libre o economía dirigida sino que el interrogante versa sobre sobre quién dirigirá la economía, y hacia que fin. Porque economía libre. Porque economía libre, en lo interno y en lo exterior, significa fundamentalmente una economía dirigida por los carteles capitalistas, vale decir, encubre la dominación de una plutocracia que, por eso mismo, coloca en gran parte el poder político al servicio de la economía. Ya es una realidad que la economía debe programarse con criterios extra-económicos, especialmente políticos, y por ende, éticos; terminó la época en que la política –según el esquema liberal-  era considerada como “factor de perturbación” para la economía libre, y hou es verdad lo contrario, o sea, que la economía libre es un factor de perturbación para la política. Sobre la base de la libre actividad económica de los particulares, que es una exigencia de la naturaleza humana en quehaceres de esta índole – la marcha hacia atrás de la economía soviética lo demuestra -, el Estado, como promotor del bien de la colectividad, interviene para orientar la economía conforme a un plan general, de beneficios comunes.

Si ésta es, Señor Presidente, la realidad en el campo del totalitarismo y en el campo de la totalidad democrática, debe buscarse en el fin perseguido por esa “economía programática” la clave para filiar su orientación política. La concepción totalitaria de la economía tiende al poderío de un estado deificado, con designios imperialistas y que somete al pueblo a una explotación inhumana; suprimidas la propiedad y la libre actividad privada, “todos los ciudadanos – decía Lenin, uno de los grande heresiarcas totalitarios del siglo- se transforman en empleados sin salarios del Estado”.

La concepción que informa la renovación constitucional, en cambio, es de una economía humanista que proyecta asegurar , en colaboración con las iniciativas individuales, el desenvolvimiento armónico de la economía para alcanzar el bien de todos, para lograr la libertad democrática que es la que asegura el máximo de libertad al conjunto del pueblo y para derogar la libertad de explotación, la libertad de los poderosos que siempre traba la libertad de los débiles. Con ese fin , se dirige la economía de modo que permita a cada miembro de la sociedad beneficiarse con un minimun vital, lo que supone una organización que aproveche todas las fuerzas y recursos productivos de que dispone el país.

La economía programática en la reforma que discutimos tiene dos fines: uno concreto e inmediato, la ocupación total de los trabajadores, esto es, la supresión definitiva de la desocupación cíclica, de la desocupación en masas que se verificaba en la sucesivas depresiones económicas; y otro último, al que éste se subordina: Brindar a todos los habitantes de la Nación las condiciones materiales necesarias para el completo desarrollo de la personalidad humana, que tiende a un fin espiritual, no material.

 

 

La función social de la propiedad privada y la justicia social

 

Para ello, la reforma asienta la vida económica argentina sobre dos conceptos fundamentales  que son su alfa y omega a saber: el reconocimiento de la propiedad privada y de la libre actividad individual, como derechos naturales del hombre, aunque sujetos a la exigencia legal de que cumplan su función social; y de los principios de justicia social, usados como rasero para medir el alcance de esas funciones y que, al contener dentro de sus justos límites la renta del capital y las ganancias de la actividad económica, han hecho necesario restablecer, con alcurnia constitucional, la ilegitimidad de la usura en la amplia acepción de este instituto, cuya permisión moral provocó, en el crepúsculo de la Edad Media, la aparición del capitalismo moderno, del que es su alma.

 

 

Fundamentación de la propiedad privada

 

La propiedad privada de los bienes exteriores y el derecho de usar y disponer de ella, así como la prohibición de leyes confiscatorias y la exigencia de la indemnización para todos los casos de expropiación, quedan firmemente garantizados conforme al artículo 14 de la Constitución; la reforma deja incólume ese derecho natural inherente a la persona humana, porque la institución de la propiedad privada es exigida por la libertad del hombre, y en ello se cimienta, precisamente, su justicia y universalidad. Piénsese, en efecto, que el primer deber del hombre es conservarse, y el segundo lograr su perfección, su felicidad, mediante el uso de su libre arbitrio; de allí que, por causa de la excelsa jerarquía que le corresponde en el cosmos, el hombre tenga señorío sobre todos los bienes materiales y derecho a usufructo, ya que si no posee las condiciones vitales para conservarse, carece de libertad e independencia para perfeccionarse, y sin ellas, que son necesarias a la plenitud de su ser, el hombre se envilece y degrada.

Dependiendo, pues, de lo material el sustento del hombre, y siendo que si no cumple con este deber primordial no puede ser libre e independiente, tiene también el derecho natural , para mantener su libertad e independencia, de apropiarse de los frutos de su trabajo y de su ahorro –derecho que significa la exclusión de los demás en el uso de la cosa apropiada -.

Pero el hombre no está solo en la tierra, sino que, por su propia naturaleza, está vinculado y depende de sus semejantes, por lo que no le es dado cumplir su destino sin el concurso de la comunidad que lo circunda y le ayuda a alcanzar su fin personal; además, cada uno de sus semejantes tiene derecho a sustentarse con los bienes exteriores, de donde resulta que , en el orden natural de las cosas, tiene prioridad el derecho de todos al uso de los bienes materiales sobre el derecho a la apropiación privada, instituida solamente en la razón de la utilidad que presta en la vida social.

 

 

Doble función de la propiedad privada

 

Se deriva, así, que la propiedad privada –no obstante conservar su carácter individual- asume una doble función: personal y social; personal, en cuanto tiene como fundamento la exigencia de que se garantice la libertad y afirmación de la persona; social, en cuanto esa afirmación no es posible fuera de la sociedad, sin el concurso de la comunidad que la sobrelleva, y en cuanto es previa la previa la destinación de los bienes exteriores en provecho de todos los hombres. El propietario –el concepto es de Santo Tomas de Aquino-  tiene el poder de administración y justa distribución de los beneficios que le reportan los bienes exteriores poseídos –potestas procurandi et dispensandi-, con lo que la propiedad llena su doble cometido: satisface un fin personal cubriendo las necesidades del poseedor, y un fin social al desplazar el resto hacia la comunidad. A ello se debe que la reforma constitucional consagre, junto a la garantía de la función personal de la propiedad, la obligatoriedad de la función social que le incumbe –ya legalmente consagrada en el país por la ley de transformación agraria -, y que haga de esta institución la piedra sillar del nuevo orden económico argentino.

Pero, además de todo esto, la constitución debe tener en cuenta que la propiedad privada no representa un privilegio a favor de pocos – pues todos tienen derecho a ser libres e independientes – sino algo a lo que todos pueden llegar, para lo cual deben crearse las condiciones económicas que permitan el ejercicio efectivo del derecho natural a ser propietario.

 

 

Los principios de la reforma agraria

 

Como aplicación al problema del campo, del principio enunciado, y como clave de la política agraria que proyecta la Constitución, se inserta en su texto el derecho del Estado a fiscalizar la distribución y utilización del suelo, interviniendo con el fin de desarrollar su rendimiento en interés de todo el pueblo y de garantizar a cada labriego, o familia labriega que muestre aptitudes para ello, la posibilidad de convertirse en propietaria de la tierra que trabaja. El motivo de ese contralor sobre la producción campesina radica en la importancia que para la sociedad tiene que el agro llene la función social que le corresponde y que es bien básica para nuestra economía, desde que suministra los vegetales y ganados que consumen los habitantes de toda la Nación, brinda la materia prima para muchas industrias y dispensa los productos del intercambio internacional. Se justifica entonces que el Estado pueda expropiar sus tierras a quienes no la hacen rendir por abandono, desidia o incapacidad, y que las distribuya entre los aptos para trabajarlas como propietarios.

Este propósito de dar el campo en propiedad a quien lo cultiva, además de hacer posible el derecho de todos los hombres a ser dueños, resulta el sistema óptimo para asegurar que la tierra cumpla con su cometido social, porque solo quién trabaja l suyo aumenta la riqueza de la tierra con aportes de gran aliento, cuyo beneficio pueda disfrutar él o sus hijos –que viene a ser el mismo, como diría Unamuno-. El apartado del artículo que modifica el 17 de la Constitución vigente, tiende, por lo tanto, a constitucionalizar los principios básicos para introducir una profunda transformación agraria sobre la base del concepto de que el campo –según expresara el General Perón- no debe ser bien de renta sino instrumento de trabajo.

 

 

Definición de justicia social

 

La justicia social es la virtud que requiere del propietario la gestión y el uso correcto de sus bienes; el proyecto de reforma limita el derecho de propiedad, y crea obligaciones en la medida que lo requiere la justicia social. Por lo tanto la justicia social es el fiel que balancea el uso personal de la propiedad con las exigencias del bien común. De aquí la importancia que reviste desentrañar su significado.

La expresión Justicia social, Señor Presidente, aparece con mayor fuerza a comienzos del siglo XX, pero sin que se ligue todavía a esa locución un concepto preciso; mas bien era una consigna de combate lanzada en los medios obreros para reclamar reformas que resolvieran los problemas suscitados en las relaciones entre obreros y patronos, a lo que se llamaba genéricamente “cuestión social”. Después de su empleo por el Papa Pío XI en la Encíclica Quadragesimo Anno, los filósofos y juristas trataron de precisar esa noción, especialmente con respecto a la celebre tripartición aristotélica de la justicia[1], y sobre todo a la justicia legal que regla las obligaciones de las personas con el bien común, cuya promoción es el fin específico del Estado.

El bien común, o bien de la colectividad, significa que el Estado debe hacer posible a sus sujetos la realización de lo bueno, y garantizar esa posibilidad. Pero para cumplir acciones buenas en la vida, es decir, para llevar una existencia virtuosa, se necesitan medios materiales. Consecuentemente, el Estado debe velar para que cada miembro de la comunidad que llene su misión pueda vivir de acuerdo con su rango y participar del bienestar, de la prosperidad y de la cultura en proporción con sus prestaciones al bien común. El significado moderno de la justicia social es una aplicación de los principios de la justicia legal a las cuestiones económicas y sociales provocadas por la intrínseca injusticia del capitalismo. Por justicia socia, Señor Presidente, debe entenderse la justicia que ordena las relaciones reciprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y las clases, con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la medida que contribuyeron a su realización. La vida económica nacional de nuestros días, que reúne a millones de hombres en una comunidad de trabajo – porque para satisfacer las necesidades propias dependen estrechamente los unos de los otros- ha convertido las cuestiones de salario, de arrendamientos urbanos y rurales, de precio de los objetos de consumo, en asuntos que se rigen por la justicia social y no por la justicia conmutativa, que tuvo validez para formas económicas mas sencillas y, principalmente, para el comercio del trueque.

 

 

Prohibición de actividad económica usuraria.

 

                La noción de propiedad privada y libre actividad económica individual por una parte, y justicia social por la otra, son las dos columnas sobre las que ha de tenderse el arco de la vida económica argentina, a cuya libertad de iniciativa la Constitución no señala mas límite, en cuanto a sus propósitos, que el impedimento a monopolizar los mercados –porque de lo contrario se establecería una economía dirigida para provecho de unos pocos -, y en cuanto a las ganancias, que la prohibición de ser usurarias. Vale decir que la Constitución rechaza los beneficios injustos. El concepto genérico de la usura en los precios está dado por la exacción abusiva que se pretende de la venta de un bien o la prestación de un servicio, incluidos los negocios industriales en el amplio sentido, ya sean estrictamente económicos, agrícolas, manufactureros o comerciales. Anoto, Señor Presidente, que esta limitación al provecho de la actividad económica, propiciada por la reforma, va en busca de la causa del capitalismo moderno. Esto es, la licitud del lucro in indefinitum.

 

 

La legitimidad moral de la usura y el espíritu del capitalismo

 

                Después de las investigaciones de Max Weber –aunque con las rectificaciones que debieron formularse a su tesis- ha puesto en claro que el espíritu del capitalismo moderno fue la legitimación moral del lucro sin límites que, sin proponérselo, prohijó la teología protestante de la predestinación y de la vocación; la libertad de la usura, esto es, la vida económica desembragada de contenidos éticos, creó entonces, un nuevo estilo de vida, informó el crecimiento del capitalismo e impuso su concepción burguesa del mundo a todos los distritos de la cultura moderna. Pues bien, solo legitimando la actividad económica no usuraria, como se lo propone la reforma constitucional, podrá restablecerse el espíritu pre-capitalista o tradicionalista –así llaman Max Weber y Sombrat, respectivamente, a la ética económica cristiana -, con lo que la riqueza quedará sometida a una función social, que obliga no solo a distinguir entre medios lícitos y no lícitos para su adquisición, sino también a discriminar entre intensidad lícita y no lícita en el uso de los medios lícitos. Con este sentido, Señor Presidente, es que la reforma constitucional instaura un orden económico esencialmente anti-capitalista.

 

 

Prohibición constitucional de abuso de derechos

 

                La Constitución vigente establece en su artículo 28 que los derechos personales reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, lo cual es sabio, porque admitir la inversa significaría destruir el principio de rigidez constitucional que, sin duda alguna, es la suprema garantía de la libertad contra la opresión legislativa; pero ahora, como llave de bóveda de la nueva tónica solidiradista que la reforma imprime a la Constitución, se consagra también el principio de que ese reconocimiento de la libertad personal no puede entenderse como el amparo de unos en detrimento, en perjuicio o menoscabo de otros, y más aún, de lo que el abuso de esos derechos personales – obsérvese que apuntamos al centro del orden del liberalismo burgués- si perjudica el bien común o lleva a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configura un delito que será castigado por las leyes. Elevamos, pues, a categoría constitucional el principio de abuso de derecho, consagrado en algunos Códigos Civiles. Pero vamos mas lejos todavía, porque consideramos delito la falta de solidaridad social, el uso abusivo de la libertad personal, y si con el nuevo concepto de propiedad asentamos la piedra sillar de un nuevo Código Civil – porque si se exceptúan los derechos de la familia, el Código Civil no es mas que la reglamentación del derecho de propiedad, como lo demuestra el código de Napoleón animado por el concepto individualista de la propiedad privada -, lanzamos con esto las coordenadas del nuevo Código penal, donde tendrán sus capítulos llamados delitos económicos – infracciones al orden económico-social por abuso del derecho de propiedad y de la libertad de comerciar -, de la misma manera que tendrán los suyos los delitos cometidos, verbigracia, por falta de asistencia familiar; así que el usurero, el explotador del hombre que negocia con el hambre de otros, el mal padre, hallarán el castigo en el nuevo Código penal, y no solo, como en el mundo burgués, en el infierno de Dante. Con este artículo , que en el último plan lleva el número 34, creemos haber encontrado la concepción verdadera e integral de la libertad de la persona, conjugada con las exigencias de la solidaridad social.

                Señor Presidente, al concluir el análisis de los fundamentos de la reforma constitucional en lo referente a la economía privada, y para ser pulcro en la exposición, conviene advertir que la renovación que propiciamos es bifronte respecto de la actividad económica: traza las directivas programáticas de la acción privada en ese campo, tal como acabo de explicarlo, y regla la actividad económica del Estado, lo que podríamos llamar Derecho Público Económico, sobre cuyos fundamentos daré ahora razones sucintas.

 

 

Derecho Público Económico

 

                Como base de esta reforma, se nacionaliza en modo absoluto las instituciones bancarias oficiales

Incluyendo, claro está, el Banco Central, porque es imprescindible la estatización de este organismo ara orientar la economía argentina hacia la ocupación plena; vale decir, hacia una economía sin paro forzoso; si el Banco Central no está en manos del Estado es imposible promover, guiar y cumplir la acción política que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles, como tampoco podrá lograrse la expansión ordenada de la economía nacional con miras a que la explotación de la riqueza posibilite a cada trabajador el ejercicio del derecho al bienestar que le garantiza la reforma.

                Constitucionalizamos el Banco Central, ahora sí argentino, porque queremos impedir el retorno del Banco Central de Sir Otto Niemeyer, calcado sobre el molde de los que funcionaban sobre dominios británicos , ya que es sabido, Señor Presidente, que un Banco Central en manos foráneas es el ápice del edificio imperialista en todo país sometido al coloniaje económico. Queremos también, con las categóricas expresiones que agrega la reforma constitucional, que ningún tribunal argentino pueda, en lo futuro, dictar una sentencia como aquella célebre de nuestra Corte Suprema, registrada en la página 5 del tomo 176 de sus fallos, cuando frente al cristalino significado del artículo 67 [2]en su inc. 5 – establecer y reglamentar un banco nacional- dijo, para dar visos de constitucionalidad al banco de Niemeyer, que ese precepto no obligaba a que fuera nacional, es decir del Estado, el Banco Central que tenía en sus manos la suerte de nuestra moneda y el timón de nuestra economía, pues “no es una dependencia del gobierno ni una institución oficial”, sino que “reviste el carácter de empresa bancaria mixta y sui generis”[3]. El agregado al inc. 5 del art. 68 (Constitución de 1949) tiende a impedir que se repita este penoso acontecimiento, pues expresa: “En ningún caso los organismos correspondientes –alude a los bancos oficiales- podrán ser entidades mixtas o particulares”.[4]

                La autorización constitucional para que la ley pueda estatizar el comercio externo, desde un mínimo hasta un máximo de monopolio, según lo requieran las circunstancias, obedece a la realidad contemporánea surgida de la total destrucción del libre mercado internacional, y es el único dispositivo que posee para defender la economía del país y hacer posible la creación de las condiciones necesarias para la ocupación plena, que asegure a todos un trabajo remunerado de acuerdo a las exigencias humanas de quien lo ejerce. Si se impide al Estado que haga valer la producción argentina en los mercados internacionales, Señor Presidente, no hay economía social, esto es , no hay economía de previsión social destinada a cubrir las necesidades colectivas. Esta es la consecuencia del derrumbe de la economía liberal en el frente externo, porque el fraccionamiento del mundo en grandes zonas de influencia política anuló el principal elemento de la economía libre postulada por el liberalismo, a saber, el mercado mundial y el libre cambio sobre la base de las iniciativas y medios privados. Quienes en el presente reclaman el libre comercio exterior –descarto a quienes se ponen fuera de la realidad, porque este es un percance que, en política, suele suceder a los ideólogos- quieren, o bien el comercio dirigido por la metrópoli de una zona de influencia, o bien el comercio dirigido por los carteles internacionales.

                Y cuando el mundo vuelva a la sensatez –como retornará de seguro -, y esté librado de las pretensiones de algunos países al predominio económico, permitiendo la construcción de economías orgánicas que tiendan a una plena ocupación humana, al bienestar de todos los pueblos, no recaerá en el comercio internacional explotador, en el de la libertad de los países imperialistas para esquilmar a los países coloniales[5], sino que iría a una integración de economías singulares, a un acuerdo de economía nacionales, armónicamente desarrolladas e integradas. El nuevo edificio económico internacional no podrá retroceder al aparente libre intercambio, que encubre la dominación  de tremendas coaliciones privadas o Estados ávidos de poderío, sino que se desenvolverá a partir de las economías nacionales, de los núcleos centrales de Estados nacionales, por lo que la cláusula constitucional que establecemos no solo resguarda al país en esta terrible época de guerras económicas para obtener o suprimir hegemonías, sino que mañana será el instrumento de colaboración en un mundo pacificada, en la universitas terrarum que tendrá como basamento material su unidad económica, regida por la idea de justicia social cristiana aplicada a las relaciones entre los pueblos.

 

 

La nacionalización de las fuentes de energía

 

La reforma constitucional convierte en bienes de la Nación todos los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y de cualquier fuente natural de energía, con excepción de los vegetales; los hace bienes públicos que no se pueden desafectar, enajenar ni conceder a particulares para su explotación. Es decir, transfiere esos bienes a la categoría de propiedad públicos nacional y establece el monopolio del Estado para su explotación, introduciendo además, como consecuencia, un cambio profundo en el régimen jurídico de las minas respecto del vigente   Código civil y el Código de minería.

                La reforma encara la situación de las provincias que, hasta el presente , consideraron las minas de su territorio como bienes privados de su pertenencia –soslayo la discusión sobre si esto era constitucional, según el grueso de la doctrina argentina, o mera concesión del gobierno federal en su Código civil, aunque la minas pertenecieran originaria y constitucionalmente a la Nación, como lo sostuvo el sector radical en la Cámara de Diputados en 1928, y especialmente , en forma magistral , Diego Luis Molinari. Ahora, la reforma hace partícipes a las provincias del fruto de la explotación, como una indemnización graciosa del gobierno central por esa transferencia –ya que esta Convención Constituyente pudo traspasar la propiedad de las provincias a la Nación -, en la medida que se concretará mediante acuerdos o, en su defecto, por una ley del Congreso, porque después de esta renovación constitucional no deben quedar dudas de que las minas, los yacimientos petrolíferos, son bienes públicos por naturaleza, de pertenencia de la Nación, y por ende, corresponde a ella el derecho de explotarla.

 

 

La nacionalización del petróleo argentino y el sacrificio de una generación

 

                Yo no he podido encontrar palabras, Señor Presidente, para encomiar este precepto de reforma, que nacionaliza y crea el monopolio estatal sobre nuestro petróleo, ni las expresiones que digan con elocuencia todo cuanto esta resolución significa para nuestro futuro de país soberano y libre; pero sé que está en la conciencia de todos la justa valoración de tan magna conquista y que las futuras generaciones argentinas agradecerán para siempre esta obra.

                No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Irigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía que “el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación mismas”, y cuya deposición, que impidió sancionar la ley que nacionaliza el petróleo, fue festejada “por los ricos terratenientes –según anota Waldo Franck, testigo del 6 de septiembre- sacando de sus bodegas el champán de las mejores vendimias para acompañar el menú de los petroleros americanos”.

                Pienso también, con emoción, en sus últimos días de tristeza y angustia, cuando creía definitivamente perdido nuestro petróleo y acusaba a la Corte Suprema –la misma que constitucionalizaba el banco de Sir Otto Niemeyer y rechazaba sus escritos con aire socarrón y suficiencia pedantesca- de haber “tronchado, acaso para siempre, la segunda riqueza nativa, por lo que hoy está entregada a otros predominios, antagónicos con los derechos inmanentes de la Argentina”; pienso, en esas generaciones de argentinos, universitarios, militares y obreros, que entregó sus afanes y soportó silenciamientos y persecuciones para ver recuperado el petróleo nacional. ¡Quiera Dios que las futuras progenies argentinas hagas de este precepto una roca inconmovible, contra la que nada puedan las fuerzas del mal!

 

 

El régimen de los Servicios Públicos

 

                La reforma constitucional instaura la prestación directa por parte del Estado, de los servicios públicos esenciales; prohíbe, para lo futuro, la enajenación se su propiedad o el otorgamiento de concesiones para su explotación, y manda la conversión progresiva, por compra o por expropiación –cuando la ley lo determine- del régimen de concesiones de los servicios públicos en el régimen de prestación directa y exclusiva del Estado.

                La prestación de servicios públicos es una de las funciones principales del Estado, gerente del bien común, y es propio que después de haber experimentado el fracaso de concesiones a privados[6], debido a que la consideración del provecho individual empuja a segundo plano la preocupación por el bien general, se reponga a manos del Estado las riquezas y funciones que originariamente le pertenecen.

                La llamada nacionalización de los servicios públicos y de las riquezas básicas de la colectividad, además de haber sido aconsejada por razones políticas, como la seguridad del Estados, y por consideraciones económicas, como el acrecentamiento de la producción de esas riquezas, ha sido movida por la necesidad de convertirlos en instrumento de la reforma social. Porque la nacionalización de los Servicios Públicos, al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión[7] permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino solo por criterios de utilidad social, pues el concepto de servicio público casi se identifica con todas las actividades productoras de bienes y servicios requeridos por el conjunto de la población., que puso a disposición de hombres bienes antes reservados a pocos, y convertido en la actualidad en instrumentos ordinarios de la vida civilizada.

 

 

El procedimiento para recuperar los servicios públicos

 

Quiero ahora señalar el procedimiento establecido por la reforma para la estatización de los servicios públicos; en primer lugar descartamos la llamada nacionalización punitiva, que es una confiscación, y la confiscación está prohibida en nuestro texto constitucional; además, solo se utilizó en los países que intervinieron en la guerra como castigo por actitudes antinacionales. La transferencia de la propiedad de los bienes afectados a servicios públicos se hará, en el momento que el gobierno determine, por compra directa o por expropiación. Si se considera que el capital de la mayoría de las empresas de servicios públicos es extranjero, y se piensa en la íntima trabazón que existe entre el patrimonio fiscal y las negociaciones internacionales de nuestros productos, se explica que la reforma autorice la compra directa de los bienes afectados a un servicio público, desde que este puede ser el medio mas expeditivo y conveniente para los intereses nacionales. En cambio, la expropiación de los bienes incorporados a un servicio público tiene caracteres propios, que la misma reforma constitucional le asigna.

 

               

El precio de origen de la expropiación de los servicios públicos

 

                La empresa que asume la prestación de un servicio público del Estado no toma a su cargo una actividad privada habitual, porque es una función del Estado que no puede ser concedida sino como status transitorio, al cabo del cual los bienes no deben ser repuestos en el patrimonio del concesionario para seguir prestando el mismo servicio; quien sustituye al Estado en una función rigurosamente pública, invierte un capital determinado que rescata a lo largo de la prestación y obtiene de ese capital una ganancia razonable[8]. Al término de esta sustitución –prevista al concederse el servicio o impuesta en virtud de la expropiación- debe sustituirse al concesionario el capital invertido, sobre el que habrá logrado una ganancia justa, porque todo lo que exceda este límite debe reputarse como amortización del capital destinado a la explotación[9]. En cambio, cuando el Estado expropia a un particular su casa, su campo, su fábrica, etc. Es decir medios habituales de actividad privada, debe entregarle el precio que le permita adquirir en seguida los medios necesarios –iguales a los expropiados- para continuar cumpliendo su actividad privada. Aquí reside el fundamento de la diferencia entre los dos criterios de indemnización por expropiaciones: el valor de reposición, cuando se trata de bienes afectados ala actividad privada, que el particular debe reemplazar en el mismo momento, para seguir cumpliendo su acción habitual; el valor de origen, cuando se trata de bienes dedicados a la explotación de un servicio público concedido, porque esta actividad extraordinaria se cumplió en sustitución del Estado, y los bienes fueron adquiridos para utilizarlos en la prestación del servicio público, que nunca puede constituir una actividad privada habitual, por lo que el Estado debe recibirlos tras amortizar el capital invertido en ellos. Esta es, precisamente la base de la reversibilidad de los bienes afectados a un servicio público al final de una concesión.

                Esto es un hito jalonante en el derecho administrativo.


[1] Aristóteles

 

[2] hoy artículo 75. Inc. 6

[3] El BCRA es hoy una institución “mixta”, es decir que tiene participación estatal y privada, siendo esta última mayoritaria y extranjera. Esto es que el directorio del BCRA decide la política monetaria y condiciona las demás variables económicas del país “por mayoría”, en virtud de los intereses que tienen los capitales foráneos a los cuales representa el directorio.

[4] El ejemplo claro de la acción de los sucesivos gobiernos cipayos es la derogación de estos principios constitucionales de verdadera soberanía, que hoy permiten que el FMI “exija” la privatización de los tres mayores bancos estatales.

[5] Hoy “tercer mundo”, “países emergentes”, “países en vías de desarrollo”, “subdesarrollados”. Todos conceptos emanados de la “teoría del destino manifiesto” creada por los “países del primer mundo”, “países que ya emergieron”, “desarrollados.”

Para toda revolución que busque evolución, primero, la sociedad, debe saberse superior y con certeras posibilidades de éxito y, por supuesto, adecuada administración del éxito. Mucho que ver tienen esas pseudoteorias que nos designan como “emergentes, no primeros sino tercermundistas, subdesarrollados en todo sentido. El primer éxito de nuestro enemigo es hacernos sentir inferiores, anulando todo intento de lucha, de cuestionamiento. Es la cobertura ideológica que anula la acción. 

[6] La concesión de servicios públicos es una ventaja que se cede a los privados, que de ser necesario, utilizarán para cohercionar al Estado y lograr más privilegios. Un ejemplo claro es el caso CADE e ITALO que contribuyó al saqueo del país. La segunda década infame –1990-, con sus falaces debates periodísticos, hizo sucumbir la noción de soberanía económica en nombre de un liberalismo “salvador”, que en realidad minó la posibilidad de autoabastecimiento y con ello el vínculo entre argentinos y sus riquezas inmanentes.

[7] Siempre el empresario persigue el máximo beneficio, y si esto no es posible, la mínima pérdida. Ningún empresario prescinde de beneficios si no tiene una fuerza de similar magnitud que lo regule en sus ansias de beneficios. Solo el Estado lo puede hacer.

[8] Las mal llamadas privatizaciones de los 90 (porque se vendieron a precios simbólicos del 10% del total y se pagaron con títulos apócrifos de la deuda externa) generaron los mayores beneficios del mundo para los inversores en empresas de servicios de gas, energía eléctrica, agua y teléfono.

[9] Aplicando estos principios, en virtud de que una ley disponga expropiar las concesionarias de servicios públicos y otras como YPF, las ganancias extaordinarias que obtuvieron en los sucesivos ejercicios se imputarían como amortización del capital, siendo esto una ventaja para lograr el paso de estas empresas a manos del Estado.