DEUDA EXTERNA ARGENTINA

 Dr. Julio C. González

Agradezco emotivamente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a los Institutos de Derecho de los Recursos Naturales y Energéticos y de Derecho Internacional Público, Relaciones internacionales y de la Integración la oportunidad que me brindan de poder referirme a aspectos económicos y jurídicos de la deuda externa.  

Es necesario plantear una cuestión preliminar para abordar el tema. ¿Por qué y para qué se aceptó y Iegitimó la agobiante deuda externa que nos lleva a la desintegración de la Nación y del Estado?  

Para ello vamos a referirnos en primer lugar a la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696 promulgada el 18 de agosto de 1989. El título de esta ley se halla en discordancia absoluta con su contenido normativo. Este se refiere no a una reforma del Estado sino a la compraventa de todos los bienes que integraban el patrimonio del Estado Nacional: empresas del Estado, organismos del Estado (como puertos, aeropuertos y rutas nacionales). cuenca minera y cuenca petrolera. Haremos luego un inventario detallado de los mismos.

Con referencia al precio que debían pactar los compradores por los bienes del Estado que se vendían, el artículo 15, inciso 10 de la ley dispone lo siguiente:  

"Establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado puedan capitalizar sus créditos.”  

Esto significa lisa y llanamente que las empresas, organismos y entes que se vendan no serán pagados en el precio que se establezca con billetes argentinos o norteamericanos, sino con títulos de la deuda pública externa, los cuales el día 8 de julio de 1989, cuando asumió el presidente que firmó la promulgación de esta ley se cotizaban en el mercado interbancario o mercado secundario al 14% de su valor nominal por adolecer todos sus instrumentos de falsedad e inhabilidad jurídica para su cobro. Es decir, que eran títulos fraguados.

Concretando: en el diario La Nación del 17 de febrero de 1992 páginas 1 y 11, 1a Sección y página 12 de la Sección Económica se publica lo siguiente:  

“Cuando los contadores del Banco Central de la República Argentina procedieron a verificar los títulos de la deuda externa dados en pago por la venta de Aerolíneas, advirtieron con asombro que tales títulos eran físicamente inexistentes.”

No eran instrumentos de crédito sino certificados que habían sido cedidos entre bancos (muchos de los cuales habían desaparecido) y emitidos en su origen por organismos del Estado Nacional Argentino que también habían dejado de existir y además eran incompetentes para obligar a la Nación. Además, en ninguno de esos certificados constaba fehacientemente que al Estado Nacional Argentino se hubiese hecho remisión de las sumas de dinero que se mencionaban en tales papeles.  

Por lo tanto, los instrumentos de la presente deuda argentina adolecían de los defectos de falsedad e inhabilidad en los términos del artículo 544, inciso 40 del Código de Procedimiento en materia civil y comercial de la Nación. Eran, por ende, jurídicamente incobrables.

La casi totalidad de los títulos de la deuda externa adolecían de los mismos vicios. Por lo tanto reiteramos: el 8 de julio de 1989 se cotizaban al 14% de su valor nominal y la magnitud de sus vicios instrumentales determinaba que siguiera descendiendo su cotización. Así, en el mes de diciembre de 1992 en vísperas de firmarse el Plan Brady que consistió en la novación (artículos 801/817 del Código Civil) por parte de la Argentina, de los títulos apócrifos a que nos hemos referido por títulos del Tesoro de los Estados Unidos, la cotización de los títulos argentinos era de 18 centavos de dólar. Por lo tanto, se compraban títulos argentinos de deuda externa a 18 centavos de dólar y se daban en pago por el valor nominal del dólar. Este dato proviene de un profundo estudio del señor Embajador Dr. Miguel Espeche Gil, aquí presente.

El resultado de esta operatividad fueron, de tal manera, actos de gobierno que cambiaron patrimonio genuino por títulos apócrifos e incobrables.

Haciendo una clasificación sinóptica de los bienes vendidos corresponde inventariarlos de la siguiente manera.

 

  1. Recursos Energéticos: Gas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor, Segba, Comisión Nacional de Energía Atómica (Confr. Anexos 1 y II Ley de Reforma del Estado Nº 23.696).

2.          Recursos Financieros: Casa de Moneda, Caja Nacional de Ahorro y Seguro (Confr. Anexos 1 y II Ley de Reforma del Estado N0 23.696).

3.          Medios de Transporte: Empresa Líneas Marítimas Argentinas. Ferro­carriles Argentinos, Subterráneos de Buenos Aires. Dirección Nacio­nal de Vialidad, Administración General de Puertos, Talleres Navales Dársena Norte, Aerolíneas Argentinas (Confr. Anexos I y II Ley de Reforma del Estado Nº 23.696).

4.          Medios de Comunicación: Empresa Nacional de Teléfonos del Esta­do (Telecomunicaciones artículo 90 Ley Nº 23.696 y Decreto 731 del 1419/89), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, LS 84 TV Ca­nal 11; LS 85 TV Canal 13; LR 3 Radio Belgrano, LR5 Radio Excelsior y Todos los Medios de Comunicación Administrados por el Esta­do (Confr. Anexos 1 Ley de Reforma del Estado Nº 23.696) e imprentas del Boletín Oficial (durante el período de gobierno que corre des­de el 11/12/1983 hasta el 7/7/1989).

5.          Materias Primas: Supresión de la Junta Nacional de Carnes (Decreto Nº 2.284 del 30/10/1991 de Desregulación). Privatización de la Junta Nacional de Granos, Unidades de Campaña (silos de almacenamiento de granos) y Elevadores de Granos Terminales (Portuarios) (Confr. Ley de Reforma del Estado Nº 23.696 Anexo 1). Pesca en el Atlántico Sur (Confr. Art. 70 del Acuerdo-Tratado de Madrid del 15/2/1990 entre Gran Bretaña y la República Argentina).

6.          Servicios Públicos: Obras Sanitarias de la Nación (venta del agua po­table) (Confr. Anexos 1 Ley de Reforma del Estado Nº 23.696) Proyecto de privatizar hospitales públicos.  

La euforia privatizadora no se limitó a estos bienes enumerados en la Ley 23.696, sino que se extendió a múltiples elementos del Patrimonio Histórico Nacional como lo fueron la cuenca minera, la cuenca petrolera y tierras fiscales. Esto, además de las privatizaciones escandalosas que realizaron las provincias, casi todas las cuales comenzaron por privatizar sus bancos provinciales.  

Los bienes reseñados fueron comprados en su casi totalidad por empresas británicas. Lord Montgomery, en esa época, se trasladó en el mes de noviembre de 1989 a la República Argentina para confeccionar un inventario integral de los bienes que habrían de venderse. El 11 de diciembre de 1990 se firmó en Londres el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones que se adjudicaba garantías a todos los bienes privatizados y comprados por empresas británicas. Este Tratado fue ratificado por la Ley Nº 24.184 cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión del 3 de noviembre de 1992 no fue objeto de fundamentos ni consideraciones en la sesión en que fue votada. Se votó sin discutir y, en el diario de sesiones respectivo, la constancia de la sesión comprende nueve renglones. 

El 1º de septiembre de 1989 el Congreso sancionó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo titulado Ley de Emergencia Económica.En este caso, tampoco el título tenía ninguna relación con el contenido normativo de la ley. Ésta se refería a la supresión de las “promociones industriales y mineras y del compre nacional.” Además, introducía profundas modificaciones al régimen de sociedades extranjeras vigente, estableciendo lo siguiente:  

Artículo 16; “El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarías que sean necesarias con el fin de facilitar la remisión de utilidades de inversiones extranjeras.”  

De esta manera, en vez de promoverse la reinversión de las utilidades de las empresas extranjeras en el país, como lo establecía la Ley Nº 14.222 de 1954, el Poder Ejecutivo asumía el rol de gestor de la remisión de utilidades y beneficios de las empresas extranjeras hacía el exterior. Al mes de diciembre de 2001, los Tratados de Protección de Sociedades Extranjeras se habían hecho extensivos a empresas domiciliadas en cuarenta y cuatro estados diferentes, con los cuales se firmaron esos tratados. 

La deuda externa fraguada sirvió, por lo tanto. para saquear a la Nación Argentina de todo su patrimonio público. Empero, además de entregar patrimonio en pago de la presunta deuda, la Argentina continuó incrementando la misma.

Al finalizar la gestión del presidente que gobernó diez años, el 10 de diciembre de 1999 la deuda externa ascendía a 145.000 millones de dólares y, en el mes de diciembre de 2001, el presidente ulterior y su ministro de economía habían llevado la deuda a 220.000 millones de dólares. Si a esas sumas adicionamos los montos de megacanje, del blindaje financiero y la deuda blica externa de las provincias, ciudad de Buenos Aíres y municipalidades de todo el país la deuda externa superaría los 300.000 millones de dólares Es, por lo tanto, superior al PBI. 

Frente a esta situación se impone establecer un método de análisis jurídico: es tal el método de la escuela de Juseconomía. Esta escuela, creada hace poco tiempo por el profesor Aníbal SierraIta Ríos de la Universidad Católica de Lima, postula que el acto económico autónomo no existe. Todo acto económico debe canalizarse a través de las normas jurídicas que el Estado diera. Lo contrario significa adjudicarle al contrato el valor de la ley y someter a los pueblos y a las naciones a la discrecionalidad o arbitrariedad del poder económico sin derecho.  

Aplicando estos principios, corresponde que la República Argentina proceda a verificar jurídicamente la pretendida deuda externa que constituiría su pasivo, y su activo constituido por su patrimonio genuino entregado a los compradores que lo pagaron con títulos apócrifos de la presunta deuda.

Esta verificación ha de realizarse por un procedimiento análogo al empleado para verificar el activo y el pasivo en las convocatorias de acreedores (por ejemplo, artículos 33/39 de la Ley Nº 19.551 y, en especial, los que disponen verificar la causa del crédito que esgrimen los acreedores y verificar la efectiva entrega de las sumas que dicen haber prestado).

Es de aplicación también, en este aspecto el articulo 953 deI Código Civil, que establece lo siguiente:

“El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en e/ comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.”

En cuanto a los bienes entregados y pagados con los pretendidos títulos de la deuda externa, corresponde la aplicación del artículo 954 del Código Civil que determina la nulidad en caso de notoria desproporción entre el valor de un bien entregado y el precio que se pagó por el mismo.

Este procedimiento de verificación no puede ni debe conducir a la quiebra o bancarrota del Estado porque según lo prescripto por el artículo 33, inciso 10 del Código Civil el Estado Nacional, las provincias y los municipios son personas jurídicas de “carácter público” o de existencia necesaria y no deben ser declaradas en bancarrota.

Por eso es repudiable el criterio sustentado en Londres de declarar la bancarrota argentina y de procurar el arbitraje del Banco de Inglaterra y por bancos privados de la city londinense.

La deuda externa no puede someterse a arbitraje. Debe verificarse, lo mismo que el patrimonio argentino, con todo rigor jurídico analizando los valores monetarios cuestionados.

A resultas de ello, el Estado Nacional Argentino ha de asumir la condición de acreedor por los daños y perjuicios sufridos y el genocidio de su pueblo llevado a cabo por la usura.