II) TRAMITE  DE LA CAUSA:

      A) En relación con el endeudamiento externo en general:

      1. Se requirió al Banco Central de la República Argentina que informe sobre los siguientes puntos:

      a) Monto  total de la DEA a la fecha de asunción y cese de funciones del ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, debiendo distinguirse la DEA pública de la privada, y de esta última la eventual responsabilidad asumida por el Estado Nacional;

      b) Composición detallada de la DEA pública a las fechas mencionadas y las razones de acrecentamiento durante el transcurso de dicho periodo, precisando los servicios de amortización y pago de intereses correspondientes, los nuevos compromisos contraídos y el efectivo destino acordado a los fondos en cuestión;

      c) Participación de terceros en la obtención de nuevos créditos o refinanciaciones a títulos de gestores, montos de las comisiones reconocidas por tal concepto, y a cargo de quien se estipuló su pago.

      2. A fojas 82 se requirió a la totalidad de las empresas públicas del Estado Nacional y atento a lo informado por el BCRA a fs. 33/41, que informen sobre:

      a) Monto de la DEA a marzo de 1976, y a marzo de 1981;

      b) Composición y evolución de la DEA en el transcurso de esas fechas, precisando servicios de amortización e intereses, nuevos compromisos contraídos, destino efectivo acordado a los fondos, utilización y/o eventuales compromisos contraídos pendientes de cumplimiento.

      c) Organismos internacionales crediticios que en cada caso hubiesen intervenido en las negociaciones, otorgamientos y/o refinanciación de créditos, indicándose pago de comisiones que por todo concepto se hubieran reconocido;

      d) Modalidades operativas a que se sujetaron los créditos refinanciados en cuanto a su instrumentación, tal que permitan un análisis técnico de cada operación, conforme a los estados y registros contables, debiendo individualizarse la documentación que halla servido de respaldo a la información que se proporciona.

      e) Participación de terceros -personas físicas o jurídicas- a título de gestores o intermediarios en la obtención de nuevos créditos o refinanciación de los existentes, montos de comisiones reconocidas por tal concepto y a cargo de quien se estipuló su pago.

      f) Nombre y domicilio de los funcionarios y autoridad de las empresas que tuvieron a su cargo la negociación que se menciona precedentemente.

      Asimismo se requirió al BCRA que informe el monto, evolución y composición de las reservas internacionales existentes entre marzo de 1976 y marzo de 1981, brindando al respecto un cuadro comparativo que posibilite al mejor ilustración del Tribunal.

      3. El BCRA a fojas 33/41, fs. 60/63, fs. 106/111 y fs. 113/116, informó a través de diversos anexos que:

      a) La deuda por capital al 31 de marzo de 1976; la deuda por capital al 31 de marzo de 1981; la DEA del sector público, los intereses a pagar por trimestres y   resumen por concepto de la DEA (Anexos I a VI).

      b) Se informó,  mediante sendos cuadros, el stock de deudas privadas y públicas  -mes a mes- por capital desde enero de 1976 a marzo de 1981, también detalles de compromisos externos de administración central con saldos desde 1975 a 1981 (fs. 106/110). Asimismo, por cuadros, las reservas internacionales del Banco Central mes a mes  y según los diversos conceptos que componían las reservas (Oro, divisas, derechos especiales de giro, colocaciones en el exterior, etc.). También de marzo de 1976 a marzo de 1981 (fs. 113/6).

      c) Se informó que ningún tercero participó con el BCRA en la obtención o formalización de préstamos o refinanciaciones a título de gestores por lo que consiguientemente no ha mediado la existencia de comisiones (fs. 41).

      La información remitida por el BCRA fue solamente indicativa y de relativa utilidad y no presentaba la rigurosidad que requería la investigación llevada a cabo, pues tal como surge de lo informado por el mismo BCRA a fs. 35 -Anexo III de notas metodológicas- en su último párrafo expresa: “Los estados de la deuda externa total surgen del conjunto de información provistos por los deudores con finalidad estrictamente estadística por lo que no constituyen registros de carácter contable; frustrando así, en algún modo, el  propósito guiado en la implementación de la encuesta, dirigido a contar con elementos de juicio para realizar una verdadera estadística y  análisis macroeconómico de la situación.

      4. Tal como se detalló, el Tribunal recabó de modo constante la información necesaria a los organismos y reparticiones públicas pertinentes pero la información obtenida, no aparecía con la precisión requerida y atento a la alta especialidad de la materia sometida a conocimiento se resolvió solicitar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y a la Academia Nacional de Ciencias Económicas,  miembros de reconocida solvencia intelectual a fin de colaborar  en los estudios que demandaban la información producida por el BCRA,  los que aquellos pudieran también sugerir y/o las medidas de prueba que se relacionaran con los estados y registros contables de los diversos organismos y reparticiones de la administración pública nacional, provincial o municipal que resulten necesario consultar con el objeto de facilitar el mejor entendimiento de tan compleja situación, para la adopción de los recaudos que contribuyan al correcto encuadre de los hechos denunciados. Propuestos los peritos, se los designó en un número de treinta según detalle obrante a fs. 128, formándose así un cuerpo de expertos de la materia de alto nivel académico que por su importancia no registró hasta ese momento antecedente en la historia judicial argentina.

      Atento a la magnitud de la tarea, la primera cuestión fue limitar los puntos técnicos sobre los cuales debían pronunciarse los expertos, dada la gravedad, importancia política e histórica de la materia sometida a la consideración jurídica del Tribunal. El citado cuerpo debía actuar en coordinación y bajo la supervisión del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional. Abrumadora fue la tarea y las dificultades de orden práctico para conformar la organización y funcionamiento del cuerpo de todos los convocados, se compatibilizaron las diferencias interpretativas, se armonizaron los diversos criterios, se precisaron las facultades, se recordó el sentido de la investigación y el alcance jurídico penal y se orientó bajo este aspecto a los mismos para poner en funcionamiento los canales de información. Es así que merced al estimable aporte de los expertos intervinientes el Tribunal logró reunir una importante cantidad de elementos que  sirvieron  para una mejor ilustración sobre la materia; también cabe señalar aquellos que con su personal intervención recomendaron y diseñaron un proyecto para el relevamiento de la DEA a fin de establecer concretamente “cuanto se debe”, “a quien se debe” y “porqué  se debe”, además de establecer la identidad de las personas físicas o ideales que en el país o en el exterior estuvieran comprometidas con las operaciones en términos jurídicos y/o financieros.

      5. En razón de las diferencias que en su mayoría arrojaban los informes suministrados por las reparticiones públicas y las ofrecidas por el BCRA, resultó necesario conocer y obtener:

      a) Un detalle mensual de los ingresos de fondos correspondientes a operaciones de créditos formalizadas durante el período de referencia por entidades u organismos públicos y/o empresas privadas, cuya autorización se haya solicitado a la autoridad de control o dado noticia a las mismas, detallándose en cada caso los montos imputables a deuda comercial (bienes de capital, pago de servicios, inversiones en general, etc), y aquellos que puedan corresponder a su financiación ( intereses, cargos, etc.).

      b) Para cada una de las operaciones de endeudamiento externo precisar modalidades, condiciones, instituciones intervinientes, comisiones reconocidas, gastos administrativos ocasionados, plazos, cláusulas de reajustes, garantías otorgadas y el destino al cual fueron aplicados los fondos en cuestión, o el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio a las fechas respectivas.

organismos públicos -nacionales, provinciales  y  municipales-, reparticiones y empresas públicas y privadas, que resultaron beneficiados, y las razones que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento, detalle de la responsabilidad patrimonial que haya debido asumir el Estado durante el período indicado, ante el eventual incumplimiento de los obligados principales.

      d) Por ser de alto interés ilustrativo, relevamiento y obtención de un cuadro general que refleje mensualmente, el origen y aplicación de las divisas, que detalle el flujo de fondos conforme al tipo de operación y las reparticiones, empresas u organismos, sean estas entidades de créditos o no -nacionales o extranjeras.-

      e) Una desagregación mensual de las colocaciones financieras, efectuadas con las reservas del país, que indique monto y tipo de operación, plazos e intereses pactados, garantías e instituciones intervinientes, si tales reservas fueron colocadas en sucursales o representaciones de la banca oficial en el exterior y, en dicho caso, el destino acordado a los fondos de acuerdo a las especificaciones ya indicadas.

      Los peritos en forma individual o conjunta fueron presentando diversos informes sobre la labor encomendada -más adelante se analizarán- desembrozando, limitando y clarificando la investigación, pero por diversas cuestiones en su mayoría relacionadas con los distintos enfoques metodológicos, de coordinación y técnicos-profesionales, que distintos grupos de peritos entendían debían dar a las investigaciones y estudios encomendados, paulatina y progresivamente fueron presentando sus renuncias que fueron aceptadas, quedando finalmente, además de los peritos oficiales, tres peritos ad-hoc, los Dres. Alberto Tandurella, William Leslie Chapman y José Luis Gomariz.

      6. También se requirió el aporte investigativo de organismos especializados de la Policía Federal Argentina (fs. 276- División Investigaciones Preventivas), en relación a la DEA del sector privado y en el marco del expte. “Diligencia Judicial deuda externa”, con respecto a actuaciones referidas a las siguientes empresas: Compañía General de Combustibles S.A., Petropa S.A., Pluspetrol S.A., Cospesa S.A., Tecniagua S.A., Petrolar S.A., P.T.W. Trading S.A., Banco de Crédito Argentino S.A., Banco de Italia y del Río de la Plata, Banco Francés y del Río de la Plata.

      7. En una primera etapa, la labor de los peritos, se vio dificultada por impedimentos u obstáculos efectuados por parte de algunos organismos (entre ellos el BCRA y el Bco. de la Nación Argentina), ante el requerimiento de información y de exhibición de documentación, pudiendo señalar dos cuestiones:

      a) No exhibición de actas:

      -A fs 493/517 obran actuaciones iniciadas por el Sr. Decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional en relación a la negativa a la exhibición de actas por parte del BCRA a los peritos Sabatino Forino y Alberto Tandurella, referidas a las reuniones del citado banco en el período 31-3-76 al 31-12-82, fundada en el  deber de mantener la reserva y confidencialidad del secreto bancario y que aquellas actas que no se refieran al endeudamiento externo.-

      -A fs 513/17, el Tribunal resolvió que no podía invocarse la confidencialidad ni el secreto bancario, pues se hallaba comprometido el orden público del Estado por lo que  debían exhibirse las actas a los peritos.

      -A fs. 531/35 y 540/43, surge idéntico problema pero en el Banco de la Nación Argentina, y se dispuso proceder de igual forma que con el BCRA.

      b) Cuestión de las actas secretas:

      -A fs. 524/30 los peritos Forino y Tandurella, informaron sobre la existencia de actas secretas del Banco Central de la República Argentina, conforme resolución n° 8 del Directorio del citado Banco, sobre el tratamiento especial que debe dar el Directorio a los Asuntos no públicos; dichas actas secretas en número de once son entregadas al tribunal por el Presidente del BCRA; el Tribunal solicitó al banco todos los antecedentes del dictado de la aludida resolución n° 8 de l982, la misma establecía que para el supuesto  de que algún Magistrado judicial o la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas u otro organismo similar solicitara copia de resoluciones de carácter secreto se deberá analizar en cada caso acerca de la procedencia de acceder o no a tal procedimiento, a cuyo efecto previo dictamen de asesoría legal se someterá el tema a consideración del Directorio del banco el que resolverá en forma definitiva.

      -A fs. 594/96, el Tribunal resolvió que la resolución n° 8 dictada por el Directorio del BCRA  era contraria al orden jurídico pues desconocía el orden jurisdiccional y  a fs. 933 se dispone la devolución de las actas secretas al Banco Central de la República Argentina, previa extracción de fotocopias.

      -A fs. 1036/43, el BCRA emite el comunicado n° 3357, en relación a la forma en que este último maneja los datos de la deuda externa exteriorizándose que la misma se hace en forma estadística y no como registros contables; a fs. 1126 se dispone informar al Presidente del Banco que el relevamiento de la DEA privada de utilidad para los peritos es de resorte de las autoridades del Banco Central, y se dispone asimismo que el proyecto de los peritos Argentato, Mazzulla y otros sobre el relevamiento de la DEA pública y la forma de implementarlo, lo traten los peritos con el BCRA.

      En síntesis, en lo referente al endeudamiento externo global de la Nación, el Tribunal logró encaminar la pesquisa en su formulación técnica y orientada en lo que a sus objetivos se refiere, requiriendo los informes y documentación necesaria a los distintos organismos del Estado, conformando un cuerpo de peritos especializados a  efectos de analizar aquello y producir los informes y conclusiones, además de implementar  un relevamiento de la deuda externa pública y privada.

      B) Vinculadas al endeudamiento externo de Y.P.F. S.E.:

      1. De la certificación de la causa nro 9561/83 del registro de la Secretaría nro. 7 del Juzgado Federal nro. 4 surgen causas en la que se investiga:

- Supuesto vaciamiento de Y.P.F. en favor de Bridas S.A.

- Pérdida del capital de Y.P.F., mediante el retraso en el precio de venta de los productos, y disminución de las retenciones a favor de Y.P.F.

- Ilícitos con los contratos para la exploración y explotación de diversas áreas petroleras a cargo de Y.P.F..

-Otorgamiento de puestos claves de Y.P.F. a ex ejecutivos de la empresa SHELL.

-Créditos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo a diversos contratistas que son utilizados para la especulación.

- Indemnizaciones otorgadas a las Empresas SHELL y ESSO.

- Endeudamiento externo de Y.P.F.

- Funcionarios de Y.P.F relacionados con intereses extranjeros.

- Irregularidades en la remodelación de las refinerías La Plata y Luján de Cuyo.

- Supuesta participación del ex Ministro Nicanor Costa Mendez.

- Funcionarios implicados en el supuesto manipuleo de la opinión pública creando psicosis de escasez y carestía.

- Detención concertada de nuevas inversiones.

- Explotación clandestina de petróleo.

C) En relación a los avales caídos otorgados por el Tesoro Nacional:

a) A fs. 5101/5111 los peritos ad hoc Sabatino Forino y Alberto Tandurella  presentaron un anticipo de informes en relación a los avales otorgados a empresas del sector privado por el Tesoro Nacional a través de la Banca Oficial. De dicho informe, acompañado de 21 anexos, resulta:

1) Existencia de avales otorgados a empresas privadas en el período 1976/1982 (excluidos los otorgados a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires)  por un monto no menor a dólares un mil cuatrocientos cinco millones, seiscientos mil  (u$s 1.405.600.000), y otros avales otorgados en otras siete monedas.

2) Que no se efectuaron las gestiones o acciones que hubieran correspondido para obtener el recupero de sumas pagadas por el Estado Nacional, ni se opuso el beneficio de excusión.

3) Que no se determinó que se hubieran agotado los estudios técnicos, económicos y financieros, ni se extremaron los recaudos necesarios, antes de conceder los avales.

4) Las empresas ACINDAR, AUSA (AUTOPISTAS URBANAS S.A.), COVIMET S.A. y PARQUES INTERAMAS S.A. obtuvieron avales en condiciones que justifican su inclusión en el punto 3 anterior, por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires.

5) Como consecuencia del endeudamiento excesivo de ACINDAR, ALUAR S.A., AUTOPISTAS URBANAS SA(AUSA), COVIMET S.A, INDUCLOR S.A., PAPEL PRENSA  S.A. Y PARQUES INTERAMA  S.A. en el que se computó el monto de los avales otorgados, el BCRA debió conceder un tratamiento de excepción al BANADE S.A. y al BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, que les permitió exceder con relación a las empresas la relación  créditos-responsabilidad patrimonial.

6) El presidente del BCRA (o vicepresidente en ejercicio de la presidencia) autoriza los tratamientos citados por aplicación del artículo 11 de la Carta Orgánica del BCRA -razones de urgencia- sin que se conocieran los motivos para que el Directorio no los tratara.

b) A fs. 5125/26 Jorge Olguín, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, informó que se habían iniciado acciones judiciales sólo respecto de tres empresas:

      -COMPAÑIA INDUSTRIAL Y GANADERA PENTA S.A./QUIEBRA;

      -MATADEROS Y FRIGORÍFICO ANTÁRTICO S.A, y

      - PEDRO HNOS.,

      c) Atento a lo dictaminado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a fs. 5204/206 y por el Ministerio Público Fiscal a fs. 5208, se libró oficio al Ministerio de Economía para que informe la nómina de avales otorgados por el Tesoro Nacional a través de la Secretaría de Hacienda entre el 3l de marzo de 1976 y el 1 de agosto de 1983, a empresas del sector privado por intermedio de la banca oficial (B.N.A., BANADE y BANCO CIUDAD).

      En virtud de lo expuesto surgió la necesidad de establecer:

      a) la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Economía, de sus Secretarías de Estado, del B.C.R.A. y de las Empresas del Estado en relación a las operaciones generadoras del endeudamiento externo en el período en estudio que hubieran incurrido en infracción a las normas legales y reglamentarias.

      b) si de los elementos de juicio agregados al expediente, así como de los actos en cuestión podría concluirse que en el trámite del endeudamiento externo pudiese  considerarse que hubo grave negligencia en su gestión, teniendo en cuenta el cuidado que debían poner en el manejo de los intereses del Estado.

      c) la formación de una opinión sintética, dado lo complejo de la investigación acerca del curso que ha tenido el endeudamiento externo del país en el período en estudio y sus efectos sobre la situación económica actual.

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