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LA DEUDA EXTERNA EN EL SIGLO XX

Dr. Julio C. González.

En el diagrama de Alberdi, se ubican episodios contemporáneos a los cuales es ineludible referirse. Tales son:

Sustitución del Ejército y Deuda Externa.

1) Durante el gobierno constitucional del 25-5-73 al 24-3-76 el Poder Ejecutivo Nacional no contrató ningún empréstito exterior. Ni el Presidente Héctor J. Cámpora, ni el Presidente Juan Domingo Perón, ni la Presidente María Estela Martínez de Perón suscribieron jamás ningún decreto de endeudamiento externo.

El Teniente General Juan D. Perón fue inflexible en su política de no contraer ninguna clase de deudas con el exterior. Es esta una definición de su personalidad y de su política que no se ha valorado suficientemente. En tal política hay una coherencia absoluta en los tres gobiernos del peronismo: en el que transcurre desde el 4-6-1946 al 4-6-1952, en el que se sigue desde esa fecha hasta el 16-9-1955 y en el ejercicio desde el 25-5-73 hasta el 24-3-1976. La República Argentina gobernada por el Teniente General Perón, concurrió a la conferencia constitutiva del Fondo Monetario Internacional en 1946 pero no se incorporó al organismo bancario internacional ni verificó ningún negocio con el mismo. En España, en abril de 1969, conversamos personalmente con el General Perón sobre este tema. Refiriéndose al mismo, el General Perón nos dijo: “cuando la delegación argentina nos presentó su informe desistimos de incorporarnos al Fondo Monetario. Yo vi enseguida que era un sistema inventado para estafar a la gente, a los gobiernos y a los países”. Por eso en las décadas de los gobiernos peronistas (1946-1955) la Argentina estuvo ausente del F.M.I. Otro país que observó una conducta similar fue Rusia que después de firmar el acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional se retiró del mismo sin dar explicaciones (46).

Al 16 de septiembre de 1955, fecha en que fue derribado el segundo gobierno del General Perón por una rebelión delictiva, la República Argentina no tenía deuda externa.

El General Eduardo Lonardi al dar lectura al informe del economista Raúl Prebisch, adjudicó al gobierno del General Perón una deuda externa de 757 millones de dólares y una reserva de 450 millones de dólares (47).

Ambas cifras eran falsas. Lonardi ignoto en materia económica, desconocía lo que leía. Arturo Jauretche demostró en un libro que ya tiene la jerarquía de un clásico, “El retorno al Coloniaje”, que la realidad era otra: nuestro país tenía créditos por convenios bilaterales por 233 millones de dólares y pagos diferidos (o sea por plazos acordados) por importaciones por 409 millones de dólares. Esto es, que se trataba de créditos recíprocos por el intercambio de mercaderías que era un sistema de cuentas corrientes de la misma índole del que utilizaban los comerciantes en sus negociaciones. En cuanto a las reservas ascendían a 620 millones de dólares (48).

El gobierno de hecho ejercido por el General Pedro Eugenio Aramburu y por el Contralmirante Isaac Francisco Rojas dispuso por Decreto ley Nro. 15.970 del 31 de Agosto de 1956 el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional con una cuota que se estableció en 150 millones de dólares. La Argentina aportó inmediatamente el 25% de esa suma o sea 37,5 millones de dólares en oro y el 75% restante en pesos moneda nacional. En 1959 el gobierno del Dr. Arturo Frondizi aumentó esa cuota a 280 millones de dólares y en 1966 el gobierno del General Juan Carlos Onganía la elevó a 350 millones de dólares (49).

Con la incorporación de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional quedaron suprimidos los tratados y acuerdos comerciales bilaterales y la presencia promotora del Estado en la expansión del comercio exterior. El control de cambios quedó prohibido por el F.M.I. De esta manera se desató una incontrolable especulación con la compraventa de moneda extranjera. El agio de dólares reemplazó a la producción de cosas. El axioma de Perón “producir”, “producir” y “producir” quedó erradicado del idioma político argentino.

Para que todo esto fuera posible, se cumplieron los siguientes hechos que encuadran perfectamente en el esquema trazado por Alberdi:

... 16 de junio de 1955: bombardeo de la Ciudad de Buenos Aires, en plena paz y al mediodía, con un saldo de varios centenares de muertos en la inocente población civil que desarrollaba sus actividades a esa hora. No hubo cifras oficiales.

... En la lucha para derrocar al General Perón a su gobierno constitucional toma parte activa una potencia naval extranjera (Inglaterra) conforme lo acredita y denuncia formalmente en el Congreso el Diputado Nacional Doctor Oscar Alende (sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Agosto 10-11 de 1955 Reunión 30) (50).

... 9 al 12 de junio de 1956: fusilamiento de dieciocho militares del Ejército y de catorce ciudadanos civiles por la tentativa de restaurar el orden constitucional. Fue esta la única vez que en nuestra historia fue fusilado un General. Nos referimos al General de División Juan José Valle quien en sus últimos minutos de vida dirigiéndose a sus verdugos escribió estas palabras: “Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto y sus más fervorosos aduladores, hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria” (51). Para que estos sangrientos hechos y sus nefastas implicancias económicas tuvieran carácter irreversible, se procedió a sustituir integralmente el cuadro de oficiales del Ejército Argentino que no había sido defensor de la gran política económica exterior construida por el Presidente Teniente General Juan Domingo Perón.

Rebelión y Deuda Externa

2) La deuda externa dejada por la administración de hecho del General Alejandro Agustín Lanusse al 25 de Marzo de 1973 ascendía aproximadamente a 5.000 millones de dólares, suma casi igual a la fuga de capitales que habían producido las liberalidades cambiarias impuestas al país tras el derrocamiento de Perón (52).

Esa deuda externa exhibía el siguiente cuadro de incremento acumulativos:

Final del año

1955: 600 millones de dólares
1958: 1493 millones de dólares
1961: 1670 millones de dólares
1963: 2113 millones de dólares
1965: 1970 millones de dólares
1967: 1193,9 millones de dólares
1971: 5000 millones de dólares.

Tomamos estos datos de la obra estadística de Luis Vitale citada precedentemente. Este autor señala que entre 1955 y 1963 la nación Argentina debió tributar por los empréstitos la suma fabulosa de 1900 millones de dólares en concepto de intereses y amortización parcial.

Los pagos más onerosos de esa deuda correspondían a los años 1973, 1974, 1975 y 1976 (53). Es sintomático que para gobernar el país en esa época se haya convocado a elecciones con imprevista celeridad. Nadie ha estudiado esta coincidencia que está estrechamente relacionada con otra cuestión siempre silenciada. Tal es el hecho de que, con la asunción del gobierno constitucional el 25 de Mayo de 1973, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas no se disolvió, quedó como organismo de supervisión del nuevo gobierno. El general Lanusse en sus memorias lo dice expresamente:

“Ratificaré mi convicción de que el próximo gobierno debía ser de ‘transición’, ... expresando: Los hechos nos están demostrando que será muy difícil el pretender pasar el estado actual en que se desenvuelve el país a un estado ideal de plena vigencia de todas las instituciones”. “Es evidente que se requiere un período de acondicionamiento y de acostumbramiento para la vida en democracia tal cual la concebimos” (54).

Por esta razón el ex Presidente de hecho Lanusse, señala que de acuerdo con los integrantes de la comisión Coordinadora del Plan Político, General Betti, Brigadier López y Almirante Massera, “Se resolvió hacer efectiva la rotación de la Presidencia de la Junta de Comandantes en Jefe, después de la asunción del gobierno, por parte de las autoridades constitucionales” (55).

El Gobierno electo el 11 de marzo de 1973 había resultado así un gobierno condicionado. “El entendimiento con el peronismo, prosigue Lanusse, debía llevarse, fundamentalmente, a través del sindicalismo” y “el acuerdo debía establecerse antes de la determinación de las candidaturas” (56).

En este orden de condiciones, una de las imposiciones más duras que se hicieron fue que el peronismo no se presentara a elecciones como un partido autónomo, ni que gobernara como tal sino como integrante de una coalición.

Así el gobierno que asumió el 25 de mayo de 1973 con Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, como gobierno que asumió el 12 de octubre de 1973 con el Teniente General Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón era un gobierno con estas parcialidades:

a) Hipotecado por la deuda externa.
b) Jaqueado por una subversión iconoclasta.
c) Tutelado por una Junta Militar que subsistía.
d) Desarticulado por una coalición heterogénea que integraba el Congreso a través de una complicada representación proporcional.
e) Con un mandato limitado a 4 años de duración que había sido impuesto por un remiendo grotesco al texto de la Constitución Nacional de 1853, suscripto por el mismo Lanusse.

f) Con la prohibición de restaurar la política energética “según el mandato de la Constitución de 1949” (57).

En síntesis, el esquema en que debía desenvolverse el tercer gobierno peronista era el esquema típico que los ingleses han trazado siempre para los países de su periferia colonial:

una representación pluripartidista, proporcional, con periodicidad escasa en el tiempo y un poder bien dividido para que nadie mande, el pueblo se confunda y el capital extranjero y sus empréstitos no puedan ser perturbados.

La condena de muerte al gobierno así instalado fue pronunciada en Europa coetaneamente con el fallecimiento del Teniente General Perón en Julio de 1974. En esa fecha el Mercado Común Europeo cerró sus puertos a las importaciones de carnes argentinas. La principal fuente proveedora de divisas para el país quedó suprimida (58).

No obstante, estos condicionamientos bestiales, el Gobierno peronista electo el 11 de marzo de 1976 dejando la misma deuda que había encontrado el 25 de mayo de 1973. Gobernó todo el período sin contratar ningún empréstito. Desde la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación nos cupo el honor histórico de mantener esta política, oponiéndonos férreamente al facilismo económico de los empréstitos que propiciaron los sucesivos Ministros de Economía de ese período. Cumplimos de esta manera con la palabra empeñada por el General Perón durante la campaña electoral de los comicios de 1973: “Liberación o Dependencia”. La deuda externa al 24 de marzo de 1976 era de aproximadamente 6.000 millones de dólares (59). Frente a esto, las reservas del banco Central eran exiguas. Demostramos al mundo, de esta manera, que la pobreza de un país no es incompatible con su independencia patrimonial y la libertad económica de sus ciudadanos.

Pero el mérito de gobernar repudiando a la usura internacional, que para cualquier Estado civilizado es una proeza, para el antropófago gobierno del “Proceso” fue sinónimo de corrupción y subversión. Los plumíferos del sistema colonial consideraron que el no haber contratado empréstitos fue lo que hizo caer el telón el 24 de marzo de 1976. Entonces, dice uno de ellos “se dio vuelta la página y el país respiró hondo” (60).

Pero si el país de este individuo respiró hondo, el país de los argentinos fue ahogado en cárceles y cementerios.

Terrorismo y Deuda Externa

3) Durante el gobierno del “proceso” la pornografía necrofílica fue una realidad dantesca que, saliendo de la literatura, fue incrustada bestialmente en la vida de millares de seres humanos de carne y hueso. La Argentina exhibió ante el mundo un genocidio de treinta mil personas. De ellas más de siete mil desaparecieron después de ser secuestradas y no tuvieron el descanso de un sepulcro. “Detrás del alegado propósito de combatir a la minoría terrorista, se consumó un verdadero genocidio”, leemos en el Informe Oficial de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas” (61). Damos fe de esta conclusión. El peligro subversivo fue un pretexto sobredimensionado adrede. El gobierno constitucional abatido el 24 de marzo de 1976 había tomado todos los recaudos legales para combatir el terrorismo y su aplicación fue eficaz. Nos referimos, a la ley 20.840 sancionada por el Congreso el 28-9-1974 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 30-9-1974 que fue tipificada como delitos los actos terroristas bélicos y económicos y encargaba su conocimiento a la Justicia Federal Argentina con severísimas penas para los responsables, previas las garantías del debido proceso, esto es con acusación, prueba y defensa (62). No debe confundirse esta ley, con el Decreto Nro. 2772 del 6 de octubre de 1975 que ordena a las Fuerzas Armadas “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (63).

Este Decreto fue firmado: por Italo Luder entonces senador a cargo interino del Poder Ejecutivo y ahora diputado nacional electo por la Provincia de Buenos Aires, por Antonio Cafiero entonces Ministro de Economía ahora gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires y por Carlos F. Rukauf entonces Ministro de Trabajo y ahora diputado nacional electo por la Capital Federal. Todos ellos integrantes ahora del “peronismo renovador”.

Con la ley 20.840 se cumplió un principio férreo del Teniente general Perón quien al ordenar la redacción de esa ley expresó: “yo no le voy a hacer la guerrilla a la guerrilla, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Por el contrario, con el Decreto 2772/75 se llevó a cabo un aniquilamiento de exterminio. De terroristas, de posibles terroristas, y de millares de inocentes.
En ese decreto, había una falencia elemental: no se explicaba el alcance de la palabra “aniquilar” ni se decía quiénes eran taxativamente “elementos subversivos”. ¿Lo fueron acaso los diplomáticos Elena Holmberg, Marcelo Dupont o Héctor Hidalgo Solá? ¿o el Capitán de Ultramar Horacio F. Gandara? La enumeración de nombres de desaparecidos que no tenían ningún atisbo de vinculación con subversivos o con asociaciones ilícitas de ese carácter, es muy extensa.
Este decreto produjo un efecto inverso. Los criminales subversivos fueron publicitados como mártires y las víctimas de la subversión fueron reputados victimarios por toda la prensa mundial. El senador Luder, al firmar este decreto, demostró una imprecisión que fue a la postre un soporte jurídico para el holocausto argentino. Ese holocausto fue el que hizo posible este endeudamiento externo.

1977 8.279.500.000 dólares

1978 12.496.100.000 dólares

1980 27.162.000.000 dólares

1982 43.634.000.000 dólares

1983 44.438.000.000 dólares

Genocidio y Deuda Externa fueron pues, directamente proporcionales.