Ensayo del Dr. Julio Carlos González

 

Nuestra propuesta es la siguiente:

    1) Declarar a la República Argentina en concurso preventivo. No hay en derecho internacional público ningún tribunal para conocer, en el concurso preventivo de un Estado. Por lo tanto, corresponde crearlo dando así un aporte a la civilización del mundo.

    Se impone para ello fundar un tribunal ad hoc con juristas argentinos, hispanoamericanos y iberoamericanos que se reúna en el ámbito territorial de la Argentina. Este tribunal ha de ser creado con figuras de primer nivel intelectivo y moral.

    Aplicará la ley argentina de concursos y quiebras y el derecho de gentes.

    Declarado el concurso preventivo de la Nación Argentina, habrán de vencer todos los plazos de las obligaciones exigibles, conforme lo dispone el principio jurídico universal de los concursos y de las quiebras.

    El segundo paso será verificar el pasivo y verificar el activo.

    Para la verificación del pasivo debe aplicarse el principio jurídico universal que está consagrado en el artículo 953 del Código Civil que establece: “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de un acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto”

    Con esta norma jurídica la deuda externa argentina ilegítima e ilícita, conforma lo determinara con autoridad de cosa juzgada el Juez Nacional en lo Criminal o Correccional N° 2 de la Capital Federal, Dr. Jorge J. Ballestero, Secretaría N° 4 en la causa 14.467, Expediente N° 7.723/98 con fecha 13 de Julio de 2000, habrá de caer por no poder ser verificada.

    Para la verificación del activo debe aplicarse el principio jurídico universal que está consagrado en el artículo 954 del Código Civil que establece: “Podrán anularse los actos viciados por error, dolo, violencia, intimidación o simulación”.

    También podrá demandarse la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario que existe tal explotación en el caso de notable desproporción de las prestaciones."

    Aplicando esta norma jurídica universal y cotizando el valor y el precio de los bienes privatizados la nulidad de tales transferencias es inexorable y ha de volver al patrimonio del Estado Nacional y/o de Estados Provinciales o Municipales todo el activo físico de que fueron despojados. He aquí la reconquista del patrimonio argentino.

    El artículo 33 del Código Civil dispone: "Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

    Tienen carácter público: 1) El Estado Nacional, las provincias y los municipios; 2) Las entidades autárquicas; 3) La Iglesia Católica.

    El primitivo texto del Código Civil anterior a la reforma de la ley N° 17.711 establecía que las hoy denominadas personas jurídicas de carácter público, eran persona "de existencia necesaria". Por lo tanto las mismas no pueden desaparecer dado que ello equivaldría a la desaparición de la Nación Argentina. Es por esto que se impone en forma inmediata declarar a la Nación Argentina en concurso preventivo y crear de inmediato el tribunal ad hoc que ha de entender en el mismo.

    2) Derogar inmediatamente el artículo 11 de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 del 27 de marzo de 1991 que establece lo siguiente: "Modifícanse los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil, los que quedarán redactados como sigue: Artículo 617: si por el acto por el que se ha contratado la obligación, se hubiese estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República Argentina, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. Artículo 619: si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada el día de su vencimiento. Artículo 623: no se deben intereses de los intereses sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza."

    Con esta modificación introducida por el artículo 11 de la Ley de Convertibilidad todas las monedas extranjeras cuyo pago se hubiese estipulado en obligaciones (especialmente bancarias) pasaron a tener curso legal en la República y solamente pueden ser canceladas entregando esa especie de moneda. Si el día del vencimiento de una obligación, por ejemplo en dólares, francos suizos o marcos alemanes, no hay existencia de esas monedas ni el Banco Central ni en las casas de cambio o bien el peso ha sido devaluado con respecto a ellas en una cantidad desproporcionada con respecto a lo habitual (por ejemplo que un dólar cueste 7 pesos), quien no tiene esa moneda incurre en incumplimiento y serán ejecutados sus bienes. Con esto se evidencia una estrategia financiera que habrá permitido incautarse de los bienes públicos por las privatizaciones y de los bienes privados por una devaluación imposible de soportar.

    En cambio, el régimen vigente en el Código Civil antes de la reforma, las obligaciones en moneda extranjera se llamaban “obligaciones de dar cantidades de cosas” y podían pagarse entregando moneda nacional al cambio del último día de la cotización normal (con la convertibilidad de la ley N° 23.928, artículo 1°, la conversión sería $1 = U$S 1 ).

    En nuestro país existen un millón de deudores en dólares con garantía hipotecaria y 2.800.000 deudores en dólares sin garantía de hipoteca. A los efectos de procurar una equidad no usuraria en esos pagos, si se deroga el artículo 11 de la ley de Convertibilidad, se impone modificar el Código Civil introduciendo una norma que autorice a los jueces a establecer quitas o plazos de gracia atendiendo a las circunstancias patrimoniales del deudor y del acreedor. De esta manera tendríamos una justicia particular para cada caso y no una norma general lesiva para unos u otros.

    3) Nuevo sistema monetario inconvertible.

    Se impone en las actuales circunstancias establecer inmediatamente un sistema monetario inconvertible destinado exclusivamente a la adquisición de bienes y servicios de economía física, de consumo y de uso. Este sistema, como su nombre lo indica, no sería aplicable a transacciones financieras o monetarias internacionales sino que se destinaría exclusivamente a la adquisición de las propensiones sicológicas a consumir en el mercado interno. Tanto demanda inelástica o necesaria como de demanda elástica.

    Con esta nueva moneda inconvertible el ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión aumentarán y tendrían valores constantes. Este sistema se aplicó después de la primera guerra mundial (1914-1918) en Alemania, Austria, Hungría y Rusia, que con su adopción lograron rehabilitar sus economías después de la devastación producida por la guerra.

    En nuestro país este sistema fue proyectado recientemente por el licenciado Mauricio Prelooker en su obra "Economía y desastre". Con esta moneda la recesión desaparecería y el pleno empleo para la producción tendría el combustible para funcionar.

    4) Inmediata creación de un multiplicador expansivo.

    La obra pública es el multiplicador expansivo por excelencia en la concepción keynesiana. En este sentido, la República Argentina se impone la realización de dos obras públicas transformadoras de la economía del país que lo llevarían de la actual depresión a un desarrollo expansivo.

    Ellas son: a) La canalización del Río Bermejo. Este faraónico proyecto se realiza con la construcción de un canal navegable y de irrigación que atraviese nuestro territorio central desde el Río Bermejo hasta el puerto de Rosario. Esto duplicaría inmediatamente el área fértil de la República Argentina. Un plan de colonización integral y racional puede entonces ejecutarse. b) La construcción de los ferrocarriles transpatagónicos y transandinos. Con esta obra el país tendría su columna vertebral estructurada desde Salta hasta Santa Cruz, hacia el Atlántico y hacia el Pacífico.

    Este ferrocarril está ordenado por una ley de la Confederación Argentina de 1853/1854 y su no realización determinó que la economía íntegra del país estuviese al servicio de la red ferroviaria de la pampa húmeda para su inmediato destino a Europa. Con los ferrocarriles transpatagónicos y transandinos el ferrocarril estará al servicio de todos los quehaceres de la economía nacional permitiendo y actualizando su desarrollo estancado desde hace doscientos años. Las nuevas redes ferroviarias harán posible la colonización y urbanización de la Patagonia, evitando la secreción de la misma tal como intentó hacerse a fines del siglo pasado utilizando como punto de arranque la colonia galesa de Chubut.

    5) Restablecer el sistema de nacionalización de los depósitos bancarios dispuesto por la ley N° 11.554 del 24 de diciembre de 1946 y derogada en 1955.

    6) Servicio público de crédito público: El servicio público de crédito público es la más extraordinaria construcción económica  que tiene nuestro país. Y, como pudimos ver en argentinaoculta, figura en la Constitución Económica del 9 de diciembre de 1853. Este servicio público consiste en otorgarle a todo habitante, por el solo hecho de ser argentino, un crédito público por bajo o sin interés y a largos plazos para que tenga derecho a la propiedad de su vivienda y a la compra de las herramientas para su capacitación o actividad industrial. El servicio público de crédito público permite que solamente los créditos para fomento los otorgue la banca nacional, prohíbe la ursura de los bancos privados, y para las entidades privadas que prestan dinero a usura, el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina tiene una sanción ejemplar: No hay acción judicial para que puedan cobrar lo que prestaron al margen del Estado. Reestablecer el servicio público de crédito público es otorgarle el crédito a todas las empresas y ciudadanos que quieran crear y producir. No puede haber economía sin crédito, y la usura no es crédito en ningún país del mundo.

    7) Reinversión de las utilidades del capital extranjero: Este punto es capital para nuestro país. En 1954 se estableció una ley de reiversión de parte de las utilidades del capital extranjero. El capital extranjero, después de arraigarse en el país varios años, se van. En cambio, con la ley de 1954, las empresas extranjeras tenían que reinvertir en el país las utilidades que obtenían durante un lapso de 6 u 8 años y recién después de transcurrido ese lapso de tiempo podían remitir a sus casas matrices una parte de las utilidades que percibían. Esta política, que servía de expansión de la economía argentina, también fue aplicada en los años 73-76 mediante los acuerdos celebrados con las casas automotrices. Todo esto lógicamente opuesto a lo que ha venido sucediendo desde la dictadura del '76 hasta nuestros días en el que el capital extranjero aventurero funciona como una bomba de succión del capital y el trabajo de los argentinos, y que luego de terminada la actividad se retira para siempre.

    8) Denuncia inmediata de los Tratados de Garantía de Inversión, promoción y protección de inversiones suscritos con 44 países en la última década por ser abiertamente lesivos para las empresas argentinas y la soberanía nacional. Esto con el objeto de que todas las empresas extranjeras queden sometidas a la ley y a la juricidad argentina como corresponde en cualquier país del mundo.

    Este programa de Salvación Pública Nacional es enunciativo y no taxativo y será complementado adoptando otras normas jurídicas que pongan definitivamente fin a la actual Argentina atrozmente injusta, económicamente esclava y jurídica y políticamente desquiciada.