Urgente necesidad de sanción de una Ley de represión de la subversión económica.

                  Durante el año 2002 el Congreso Nacional. Por exigencia del FMI se avino a derogar la ley de Represión de la Subversión Económica.  La misma, que lleva nro. Original 20840, sancionaba con severas penalidades el vaciamiento de empresas y de un modo muy especial el vaciamiento de bancos. El vaciamiento de bancos ocurrió en nuestro país a fines del año 2001. En ese momento los bancos remiten al exterior millonarias sumas de dólares en efectivo y luego le han negado a los ahorristas la devolución de sus depósitos en dólares.

                Se hizo así caso omiso de la ley 25466 que establecía la intangibilidad de los depósitos bancarios, protegiendo a los ahorristas de cualquier alteración de la moneda y del monto depositado que pudiera perjudicarlos.

                Que el Estado Nacional haya dejado en la impunidad y en la inmunidad a todo el sector directivo bancario que despojó a los ahorristas argentinos conforma un evidente acto de subversión t terrorismo económico.

                Y aquí se impone aclarar estos conceptos de conformidad a la acepción que tiene en el diccionario de la Real Academia Española:

-          El vocablo subvertir, es trastornar, alterar, destruir, mas en el sentido moral.

-          El vocablo terrorismo es dominación por el terror.

Ambos palabras no son sinónimos sino complementarios. Al incautarse a los depositantes sus depósitos, el banco trastorna a la sociedad y a los depositantes. Les crea angustia y los trastorna moralmente por su impotencia. Es más, coloca a las personas frente a esta disyuntiva ¡¿por qué el que asalta con un arma o sin ella a un banco va preso?¡ y ¡¿por qué el banco que despoja mediante un ardid de abuso de confianza a quienes concurrieron a él para guardar sus dineros no tienen sanción de ninguna especie?¡

La conclusión es que el despojo provoca la desesperación frente a la falta de tutela del poder público y una dominación de las víctimas por el terror económico que ha de sobrevenir. Esto es por falta de recursos, por falta de poder disponer de sus dineros, por la carencia que en todos los órdenes le aguarda al damnificado.

Los daños son materialmente equiparables a los que provoca una subversión armada o bélica con el agravante de que en este caso el daño se proyecta sobre la víctima a través del tiempo y a sus allegados que los priva de la asistencia familiar con la que contaban para realizar sus vidas.

                Las personas que habían depositado dólares le deben ser restituidos dólares, conforme lo garantizaba la ley 25466, no pesos. Máxime por que el artículo 11 de la ley de convertibilidad  23928 establece que todas las obligaciones de dar moneda extranjera, que no es de curso legal en la república, puede cancelarse únicamente dando la especie de moneda prometida.

                Que los bancos tienen obligación de entregar dólares se halla determinada por la responsabilidad de sus casas matrices ubicadas en el exterior.

                Es de recordar el fallo del gran Juez Salvador María de Lozada en los primeros años de la década del 70, quien al fallar la quiebra de Swift Deltec sentencia que la casa matriz era responsable de todos los quebrantos y deudas que tuviese su filial en la Argentina.

                Para resolver situaciones como las que describimos se requiere, tanto del gobierno como de los legisladores y jueces, CONOCIMIENTOS Y CORAJE. Si se carece de los mismos, les caben a los que omiten este proceder por temor o ignorancia el sabio consejo de Santo Tomás de Aquino, huye de lo que te excede.

                Es evidente que la incautación de los depósitos por los bancos extranjeros y por la exigencia publica del FMI de pretender la derogación de la ley de represión de la subversión económica evidencia que los cargos públicos y las magistraturas les excedían a los jueces comenzando por la Corte Suprema de Justicia, a los legisladores que siguen en funciones y a quienes en aquel entonces estaban a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

                El Pueblo Argentino queda en la mas absoluta indefensión. Corresponde ahora que inmediatamente el ministro de justicia y el presidente de la república envíen al congreso un mensaje y un proyecto de ley reestableciendo la vigencia de la ley que sancionaba la subversión económica.

                Omitir este deber es condenar a toda la sociedad Argentina a que sufra las consecuencias previstas por Franchesco La Terrada en su monumental obra, Programa del Curso del Derecho Criminal. Este autor, un clásico del siglo XIX, determina con precisión matemática lo siguiente:

a)       El delito no reprimido multiplica el quehacer de los delincuentes en progresión geométrica.

b)       La victima no reconocida recurre a las vías de hecho para hacer justicia por propia mano, y comete por lo tanto delitos en progresión aritmética.

Toda la sociedad así entra en una entropía o desorden total que la disuelve.

                Es de pensar que las potencias que sojuzgan a la Argentina promovieron esta omisión de justicia, con el propósito de hacerle hacer al adversario lo que se necesita que este realice para destruirse solo.

                La credibilidad del nuevo gobierno depende de la actitud que asuma frente a esta situación.

                                        Julio C. González