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politica

La televisión. Un decreto burlado y extorción empresaria.

Por el Dr. Julio C. González.

Al día siguiente, los representantes del Canal 13 solicitaron una audiencia con el coronel Vicente Damasco. Canal 13 era propiedad de Goar Mestre, que tuvo el monopolio de la televisión cubana hasta que fue expulsado por Fidel Castro y vino a la Argentina. Era un elenco de típicos empresarios americanos del Caribe, acostumbrados a tratar a los gobiernos como socios menores y pantallas legales de sus negocios lícitos e ilícitos. Abras me encomendó la representación de la Secretaría de Prensa en esa reunión que fue grabada con bien disimulados micrófonos receptores que Damasco había colocado en los portafolios ubicados sobre la mesa de negociaciones. Los cubanos se expresaron con toda la insolencia con que lo hubieran hecho ante el gobierno de Batista. Sus palabras eran pausadamente provocadoras y parecían que buscaban producir un incidente de cualquier forma. Con Damasco los escuchábamos en silencio. No fuimos a su juego. Replicamos con precisión jurídica todas sus bravuconadas, que alternaban entre amenazas de golpe de Estado, soborno o exigencias pecuniarias de resarcimiento por cifras astronómicas. Nos limitamos a decirles que la decisión de gobierno en cuanto a la recuperación de los canales de televisión como parte del plan nacional de difusión era terminante. Pero no todos en el seno del gobierno pensaban o actuaban como el coronel Damasco y como nosotros.

Era la mañana del 11 de octubre de 1973, vísperas de la sunción de la tercera presidencia por el teniente general Perón. El secretario técnico de la Presidencia, doctor Gustavo Caraballo, comunicó a Abras que, por la tarde, los representantes de las empresas intervenidas concurrirían a la Casa de Gobierno para volver a tratar el problema de la caducidad de las concesiones. En la reunión debíamos participar Caraballo, Abras, Perkins y yo, además de los ex concesionarios y sus abogados.

Alrededor de las 18, junto con Abras y el general Perkins, aguardamos a los visitantes. Por el Canal 9 concurrió Alejandro Romay, por el Canal 11, un doctor llamado Hernández y, por el Canal 13, un cubano malicioso que representaba a Goar Mestre. Todos acompañados por una legión de abogados. Caraballo no llegó.

Romay tiró sobre la mesa el texto del decreto del cual se había notificado el día anterior. Dijo con sorna:

-Esto no corre. No vamos a aceptar ni la caducidad de las licencias ni a los interventores que pretende designar el gobierno. Abras se retiró, pidiéndome voz baja que los atendiera yo. Las exigencias de las empresas eran tajantes: los interventores designados por el general Perkins debían ser retirados y serían reemplazados por otros interventores cuyo nombre indicarían las mismas empresas ex concesionarias. Perkins, como presidente del Comité Federal de Radiodifusión, debía firmar una resolución que los representantes empresario ya llevaban dactilografiada, por la cual quedaba sin efecto la designación de los interventores designados por él y se nombraban en su lugar aquellos que las empresas imponían. Amenazaron con no transmitir las ceremonias de la asunción del tercer mandato presidencial de Juan Domingo Perón a través de los canales 9, 11 y 13.

Advirtiendo el rumbo que tomaba la situación, le dije en voz baja a Perkins:

-Váyase, general. Sin su firma los interventores no pueden cambiarse.

El general Perkins se retiró. Entonces, dirigiéndome al grupo les dije:

-El presidente del Comfer se ha ido, el secretario de Prensa y Difusión también, así que no hay funcionario competente para atender lo que ustedes piden.
Muy resueltamente Alejandro Romay salió del despacho del secretario de Prensa donde se realizaba la particular reunión y regresó a los pocos minutos acompañado del doctor Gustavo Caraballo.
-Doctor -me dijo luego de saludarme-, prepare una resolución sustituyendo por estos a los interventores designados por Perkins. Yo la voy a firmar -agregó, a la vez que me entregaba la nómina de interventores que había traído Romay.

Escribí a máquina la resolución. Caraballo la firmó y tomó el teléfono.
-Sí, don José como usted diga. Hasta luego.

-Doctor -me dijo entonces Caraballo-, dígale a Abras que se ha resuelto que el general Perkins deje de ser presidente del Comité Federal de Radiodifusión.

La tergiversación del decreto que Perón había avalado con términos indubitados era descarada y fulminante. El poder del Estado no estaba en el presidente Perón sino en su ministro de Economía, José Ver Gelbard.
Además de la destitución del general Perkins, se resolvió que el Comité Federal de Radiodifusión, que dependía directamente del presidente de la República, quedaba subordinado a la Secretaría de Prensa y Difusión, perdiendo así su autarquía y su poder de contralor (decreto 31 del 17-10-73, B.O., 24-10-73).

Impotente, le pedí a Caraballo que los empresarios aceptasen el decreto de caducidad de la concesión. Eso permitía que al menos no se cuestionase al Estado la readquisición de sus derechos sobre los canales, derechos, por cierto, desprovistos de validez, de eficacia y de ejercicio. Tras una acalorada discusión, los representantes legales de las empresas firmaron un documento en tal sentido. Luego se retiraron ufanos. El primer acto revolucionario de la tercera presidencia de Perón era, en definitiva, un papelito que instrumentaba la realidad de un gobierno sin poder.
Este caso que he narrado, y que muestra la permanencia inalterable de los grandes intereses del régimen en la Casa Rosada, guarda simetría con lo acaecido en otras áreas del gobierno. En la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, era figura consultable y decisiva desde hacía muchísimo tiempo el contador Ricardo Lumi, sobre todo, en la confección del Presupuesto General de la Nación de cada año. Durante la última etapa del gobierno de la autodenominada “Revolución Argentina” (gobierno militar desde el 28 de junio de 1966 hasta el 24 de mayo de 1973) se había desempeñado como subsecretario de Hacienda. El día 24 de mayo de 1973, en víspera de la asunción de la fórmula presidencial Cámpora-Lima, una multitud de empleados públicos -confiados en un cambio radical para el país- invadió el despacho de las oficinas de este funcionario obligándolo a retirarse. Tal era la seguridad generalizada de que el 25 de mayo de 1973 marcaba el comienzo de un cambio en el país. Ese día juraba como ministro de Economía José Ver Gelbard. En la nómina de sus colaboradores en el área económica, Ricardo Lumi figuraba a cargo de la Secretaría de Hacienda.
Cambiaban los representantes artísticos y esta vez el presidente era Juan Domingo Perón. Sin embargo, quienes instrumentaban los actos de gobierno eran los mismos.

Salí de la Casa de Gobierno. Eran los primeros minutos del 12 de octubre de 1973. Afuera, la multitud, que había afluido sin cesar desde las primeras horas de la mañana del día que acababa de terminar, colmaba la Plaza de Mayo. Bombos y estribillos alegres: ¡El que no salta es un gorilón!¡El que no salta es un gorilón! Los peronistas, joda, joda, joda y los gorilas lloran, lloran, lloran… ¡Aserrín aserrán, los gorilas ya se van! ¡Perón, Perón, qué grande sos!¡Mi general, cuánto valés! Eran estribillos de libertad sin armas pero que retumbaban como cañonazos.
Caminé, conteniendo las lágrimas de indignación, entre el pueblo alborozado. Rompí en pedazos la tarjeta de acceso a la ceremonia de transmisión del mando de Lastiri a Perón en el salón blanco de la Casa de Gobierno. Ningún sentido tenía concurrir. Al fin y al cabo, ya había presenciado la no transmisión del poder. ¡Qué lejos estaba ese pueblo jocoso de verdades tan amargas! El más fuerte remedio de la política británica para casos desesperados consiste en “reconocer al enemigo la victoria, pero reteniendo siempre el poder”. Una nueva frustración había comenzado. Un nuevo engaño que muy pocos tuvimos el privilegio negativo de vivir y conocer.





Nota: Textos extraídos del libro Isabel Perón. Intimidades de un gobierno. Autor Julio González, Editorial El Ateneo. Págs. 61-64

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